Facua-Consumidores en Acción asegura que el Ministerio de Consumo de España está llevando a cabo una investigación sobre decenas de acuerdos suscritos entre la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y empresas, después de una denuncia presentada por la organización de consumidores. Según Facua, numerosas compañías estarían pagando comisiones a una sociedad instrumental de la OCU por cada cliente que adquieren a través de la publicidad de sus ofertas.
La denuncia presentada por esta organización en noviembre del año pasado acusa a la OCU de vulnerar la prohibición de realizar «comunicaciones comerciales de bienes y servicios» y de no cumplir con su deber de mantener independencia en sus acciones. La investigación está examinando 47 acuerdos firmados por la OCU con empresas, los cuales han sido depositados en el Ministerio de Consumo desde el año 2018.
El enfoque principal de la investigación radica en las comisiones que la OCU estaría recibiendo de empresas en función de cada cliente captado a través de la publicidad de sus ofertas. Al menos ocho compañías energéticas, el grupo de telecomunicaciones MásMóvil, el intermediario financiero iAhorro y la aseguradora Caser estarían involucrados en este sistema de pago de comisiones.
Facua sostiene que la OCU promociona servicios de diversas empresas en su página web y revistas, llegando incluso a avalar la calidad de dichos servicios sin realizar una verificación adecuada. Además, la denuncia incluye ejemplos donde la OCU aparenta haber logrado ofertas exclusivas para sus miembros que en realidad están disponibles para cualquier consumidor.
En el centro de la controversia se encuentra la empresa OCU Ediciones, que recibe los pagos de comisiones. La OCU posee únicamente el 10% de dicha empresa, mientras que el 90% restante está en manos de la asociación belga Test Achats/Test Aankoop. Ambas organizaciones forman parte del grupo internacional Euroconsumers, que incluye a asociaciones de consumidores y empresas instrumentales en varios países.
Facua argumenta que estas acciones de la OCU podrían infringir la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, particularmente en lo que respecta a la independencia de las asociaciones de consumidores y la prohibición de realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios.
El caso está generando un debate sobre la transparencia y ética en las prácticas de las organizaciones de consumidores y el equilibrio entre la promoción de ofertas y la protección de los derechos de los consumidores.
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