La Comisión Europea ha anunciado este jueves nuevas medidas para ayudar a los sectores agrícola y ganadero, pesca y acuicultura, a hacer frente a la crisis originada por el Covid-19 y que forman parte de las medidas que el ministro de Agricultura de España, Luis Planas planteó en el Consejo de ministros extraordinario de la Unión Europea (UE) celebrado el 25 de marzo.
Así, en la carta remitida el pasado 20 de marzo por el ministro al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, se pedían cambios en determinados reglamentos de la Política Agraria Común (PAC), así como flexibilidad en el uso de fondos que, como consecuencia de la crisis sanitaria, no se van a poder utilizar en sus programas de desarrollo rural (PDR).
Respecto a la PAC, tanto en el primer pilar (ayudas directas) como en el segundo (desarrollo rural), la Comisión acepta una mayor flexibilidad y simplificación en línea con las demandas de España. De esta forma, se amplía hasta el 15 de junio de 2020 la fecha límite para que agricultores y ganaderos puedan presentar su solicitud de ayudas directas y de desarrollo rural. España ya había ampliado hasta el 15 de mayo la fecha máxima prevista en el reglamento comunitario a nivel nacional.
Para aumentar la liquidez de agricultores y ganaderos, la Comisión aumentará los anticipos de pagos directos (del 50 % al 70 %), así como los pagos de desarrollo rural (del 75 % al 85 %). Cerca de 700.000 agricultores y ganaderos españoles se beneficiarán del anticipo, que recibirán a partir del 16 de octubre.
Según Planas, este anticipo “es vital para asegurar la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas que, siendo uno de los sectores estratégicos para superar la pandemia del COVID-19 como garantes del suministro alimentario, es también uno de los sectores más afectados por esta crisis”. En España, estos anticipos permitirán un adelanto de las ayudas directas de más de 3.421 millones de euros (destaca el anticipo del régimen de pago básico que, junto con el pago verde, supondrá más de 2.926 millones de euros), del total de 4.953 millones de euros que se prevén abonar en la campaña 2020. El resto de los pagos directos de 2020 de la PAC se realizarán a partir del 1 de diciembre.
Por otro lado, el ministro Planas ha destacado que la CE acepta reducir los controles físicos sobre el terreno. Esta medida ayudará a reducir la carga administrativa y evitar demoras innecesarias. Ha apuntado que la situación actual dificulta el pago de las ayudas de la PAC, si se tiene que cumplir toda la normativa establecida para un año normal. De esta forma, no se producirán pérdida de fondos para agricultores y ganaderos.
En lo que se refiere al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER), Planas ha resaltado como positivo la flexibilidad en el uso de instrumentos financieros, que permitirá que los beneficiarios de estas medidas se beneficies de préstamos de hasta 200.000 euros en condiciones favorables, con unos tipos de interés muy bajos, así como calendarios de pagos favorables.
Otra de las medidas solicitadas por España, la posibilidad de reasignar fondos para evitar su pérdida, también se pondrá en marcha. Los Estados miembros podrán reasignar el dinero que no se haya usado en los PDR, en lugar de tener que devolverlo al presupuesto comunitario. Ese dinero tendrá que emplearse en el marco de cada PDR. Asimismo, la CE permitirá aplazar la presentación de informes anuales sobre la ejecución de los PDR, ya que pospone la fecha límite para presentarlos. Este era otro de los aspectos solicitados por España y que tiene gran importancia, ya que el pago de los programas de desarrollo rural está condicionado a la aprobación de esos informes.
Ayudas para la pesca y la acuicultura
Planas ha valorado también las medidas de apoyo al sector extractivo. Las ayudas para las paradas temporales se dirigen a la flota forzada a parar su actividad por los efectos de la crisis sanitaria (falta de tripulantes o imposibilidad de cumplir con los requisitos de seguridad a bordo para evitar contagios). Ha hecho hincapié en que “cada puesto de trabajo que se pierde en el sector de la pesca es un puesto que muy difícilmente se recupera”.
La articulación de estas ayudas permitirá conservar el tejido empresarial para poder reactivarlo inmediatamente después del final de la crisis. Estas ayudas estarán exceptuadas del límite máximo de seis meses por buque que establece el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para las ayudas por paralización temporal y se aumenta el porcentaje de cofinanciación a cargo de la CE del 50 al 75 %.
En lo que se refiere al sector de la acuicultura, la Comisión introduce la posibilidad de compensar las pérdidas de ingresos que sufren ya estas empresas debido a la importante reducción de la demanda. También en este caso está cofinanciada al 75 % y permite compensar a las empresas acuícolas por un descenso en los ingresos. La acuicultura es un “segmento estratégico en el tejido productivo de nuestro país, y por tanto requiere de estas acciones urgentes y extraordinarias que nos permitan preservar su actividad que contribuye a garantizar el abastecimiento alimentario”, según Planas.
La Comisión también prevé medidas para apoyar el funcionamiento de las Organizaciones de Productores y sus asociaciones. Entre ellas, se permitirá dedicar hasta un 12% del valor de la producción comercializada por las OPP o sus asociaciones para financiar planes de producción y comercialización. Esta cifra supone un incremento notable frente al 3 % actual. Esta medida estará cofinanciada en un 90%. Dada la situación del mercado, se podrán destinar a la puesta en marcha de acciones específicas para promover el consumo de pescado entre la población.
Se recupera el almacenamiento, medida que se había eliminado desde el año 2017. De esta forma, tanto la OPP como el sector de la acuicultura se podrán beneficiar de ella que está financiada en su integridad mediante fondos comunitarios. Permitirá almacenar hasta el 20 % del valor de la producción y el 25 % de su volumen. Esta medida, ha asegurado el ministro, permitirá la continuidad de la actividad pesquera. Se trata de una red de seguridad para el sector, ya que cuando los precios caigan por debajo de un precio de referencia, se almacena producto que se podrá sacar al mercado de forma progresiva.
Además, se simplificará y flexibilizarán decisiones que repercutirán en una mejora de la ejecución del FEMP en un momento, como el actual, en el que el sector necesita agilidad en la percepción de fondos.
Las medidas anunciadas este jueves tienen efecto retroactivo desde el 1 de febrero y, tras pasar por los trámites comunitarios pertinentes, se adoptarán formalmente el 18 de abril.
