El hurto multirreincidente en el comercio cuesta 300 millones de euros al año a las administraciones públicas españolas, según estimaciones recogidas en el documento de posición de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a iniciativa de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo.
“Teniendo en cuenta la evolución de denuncias, juicios suspendidos y sentencias, se concluye que esta práctica sale gratis al delincuente profesional, supone un despilfarro para las Administraciones Públicas, un sobrecoste innecesario para el ciudadano y la desmotivación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, destaca la patronal empresarial, que añade que la impunidad de las bandas organizadas que se dedican al hurto en el comercio se ha incrementado tras dos sentencias del Tribunal Supremo que tuvieron lugar en 2017 y en las que se considera que el hurto es derecho penal de autor, lo que significa que se debería castigar igual el primer hurto que los siguientes hasta un número indeterminado.
Esto ha tenido como consecuencia que las sentencias para hurtos reincidentes se limiten al pago de multas, que raramente se hacen efectivas, y que el ritmo de denuncias se mantenga en torno a las 700.000 al año sin que tengan consecuencias para los delincuentes, explica la CEOE, que lamenta que “la realidad a día de hoy es que no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia de menos de 400 euros”.
Esto ha derivado, según el documento de la patronal, en que las bandas organizadas operen impunemente ante la impotencia de todos los actores afectados: los ciudadanos, que han visto incrementada su inseguridad; los comerciantes, que se estima que pierden unos 1.800 millones de euros al año y temen por la seguridad de sus empleados; y las fuerzas policiales, que no ven el fruto de su trabajo. “Es preciso señalar que los hurtos los realizan bandas organizadas que buscan productos de alto valor, como botellas de alcohol o embutidos de calidad, y que encuentran fácil salida en el mercado negro”, añade.
Ante esta situación, CEOE reclama la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Ejecución de Delitos Leves con el objetivo de ganar operatividad. En concreto, pide una reforma del Código Penal que consiste en añadir al Artículo 235 dos puntos, bis y ter, por los cuales, cuando existan dos delitos de hurto menores de 400 euros, se pueda imponer multa de uno a tres meses y orden de alejamiento. Y, en caso de un tercer delito por hurto, imponer pena de prisión de 6 a 18 meses y orden de alejamiento.
En cuanto a Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Ejecución de Delitos Leves, reclama que el juez imponga sentencia in voce cuando el denunciado asista a juicio y se conforme con la pena y que debería requerir en sala el pago de la multa y realizar los apercibimientos legales necesarios conforme al Art. 48 del Código Penal.
Asimismo, solicita que el juez requiera al condenado el pago de la multa en el plazo de 30 días con reducciones por pronto pago y en caso contrario, sustituir automáticamente la pena de multa por un día de prisión por cada dos multas impagadas.
Por último, aboga porque el juez requiera a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que notifiquen in situ citaciones a juicio, sentencias, etc. a las personas que las tengan pendientes cuando las identifiquen. Para ello, es necesario que los juzgados tengan una base de datos con toda la información de estas personas actualizada.
“El impacto económico y social del problema del hurto multirreincidente en el comercio no es un problema del sector, sino de la sociedad en su conjunto, ante el que es posible poner medidas”, concluye la CEOE.
