El pasado sábado entró en vigor el Reglamento europeo de información alimentaria facilitada al consumidor, y con él, numerosas novedades que han supuesto todo un reto para la industria de alimentación y bebidas, y para el que han trabajado intensamente con los actores con el fin de poder afrontar los requisitos y cambios que supone su puesta en marcha.
Precisamente los retos que la industria tiene por delante, así como las novedades que podrá ver el consumidor, han sido analizados en un seminario organizado por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, junto con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La norma responde a la demanda popular y viene a unificar, modernizar y ordenar la legislación existente añadiendo valor e información en el etiquetado de cara a un consumidor cada vez más ávido de información clara, completa y sencilla. En este sentido, en lo que insisten tanto la Administración como la industria es en la importancia de fomentar la educación de los consumidores en el ámbito de la alimentación y la salud.
El proceso normativo no ha sido sencillo y ha traído consigo un intenso trabajo conjunto entre todos los actores implicados en su gestión, desarrollo e interpretación; tareas en las que se seguirá trabajando a nivel comunitario en algunos aspectos. Se trata de un hito de especial relevancia para la industria alimentaria, ya que el etiquetado es la principal herramienta de comunicación con el consumidor, y las compañías han destinado importantes esfuerzos ante este Reglamento; demostrando así, que están dando pasos en la dirección correcta.
Por esta razón tanto desde FIAB como desde FoodDrinkEurope, su homólogo europeo, se ha trabajado estos últimos años con los sectores y empresas para asegurar la adecuación a la norma, la adaptación a los cambios que contempla, así como llegar a tiempo a la fecha de su entrada en vigor, teniendo en cuenta las implicaciones que supone para las compañías. A partir de su puesta en marcha, se abre un periodo de transición que permitirá que los productos etiquetados o puestos en el mercado puedan comercializarse hasta agotar existencias.
