La Eurocámara respalda la medida de introducir la indicación obligatoria del país de origen de los productos (“made in”) para garantizar una mejor información al consumidor y una competencia leal entre los productores. Además, está a favor de imponer sanciones más severas a las empresas que no cumplan las normas de seguridad de la Unión Europea.
De este modo, los eurodiputados respaldan la propuesta de la Comisión de introducir el etiquetado obligatorio del país de origen, que tiene por objetivo facilitar la seguridad y la trazabilidad de los productos, así como reforzar la protección de los consumidores. Estas normas se aplicarían a todos los productos vendidos en la UE, excepto los alimentos y los medicamentos.
En el caso de los productos fabricados en la UE, los fabricantes podrían elegir si mantienen la referencia a la Unión Europea ("made in the EU") o si indican el nombre concreto del país de fabricación (por ejemplo, “made in Spain”).
Esta propuesta ha provocado divisiones entre los Estados miembros en el seno del Consejo. En general, los países del sur de la UE, entre ellos España, han respaldado el etiquetado de origen obligatorio, mientras que otros prefieren mantener el sistema actual de carácter voluntario.
De acuerdo con las enmiendas de la Eurocámara, los bienes producidos en más de un país serán originarios de aquel "en el que se haya producido la última transformación o elaboración sustancial, económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a este efecto, y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante". Esta definición está tomada de la del Código Aduanero comunitario.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha rechazado una enmienda que proponía introducir una etiqueta voluntaria de seguridad certificada por la UE (“EU safety tested”), complementaria a la indicación “CE”.
Los eurodiputados abogan por endurecer las sanciones a las empresas que comercialicen productos que incumplan las normas o que sean potencialmente peligrosos y proponen la creación de una lista negra de productores que hayan "violado de forma reiterada e intencionada las normas" de la UE sobre seguridad de los productos. La Eurocámara también propone crear una base de datos a nivel europeo sobre las infracciones relacionadas con la seguridad de los productos.