La Comisión Europea reclama un total de 578,5 millones de euros correspondientes al capítulo agrícola de la UE e indebidamente gastados por los Estados miembros. Esos fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones de la Unión Europea o de la aplicación de procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas.
Los Estados miembros son responsables del pago y del control de los gastos correspondientes a la política agrícola común (PAC), siendo tarea de la Comisión asegurarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de dichos fondos.
Dacian Ciolos, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, ha declarado que “nos estamos esmerando para conseguir que los gastos agrarios sean objeto de un control óptimo que permita comprobar que el dinero de los contribuyentes no se esté malgastando”.
En virtud de esta última decisión, se reclamarán fondos a Alemania, Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, el Reino Unido y Suecia.
Así, a Grecia se le reclamarán 210,9 millones de euros por las deficiencias detectadas tanto en el SIP-SIG como en los controles sobre el terreno correspondientes a las ayudas por superficie -incluidas las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie- del año de solicitud de 2006. Además, de 54,7 millones de euros en relación con el sector de las uvas pasas: reducciones del rendimiento mínimo, especialización de las parcelas, ineficacia del registro vitícola y deficiencias de la gestión y el control del régimen durante los ejercicios financieros de 2003 a 2007.
A Grecia también le reclaman 50,16 millones de euros por no haber reducido los pagos de las ayudas tras el incumplimiento de los requisitos veterinarios de mantenimiento de los registros del ganado ovino, por las deficiencias detectadas en los controles sobre el terreno y administrativos y por la ausencia de criterios específicos de riesgo para los controles de las primas adicionales correspondientes a las Zonas Menos Favorecidas. Además, 19,7 millones de euros por entrega de tabaco después de los plazos reglamentarios, autorización incorrecta de los primeros transformadores y cesión de los contratos de cultivo.
A Rumanía se le piden 41,7 millones de euros por deficiencias en el sistema SIP-SIG, en los controles administrativos y en la aplicación de las sanciones;
A Portugal, más de 40,6 millones de euros por deficiencias en el sistema SIP-SIG, deficiencias en el análisis de riesgo para los controles, insuficiencia tanto en número como en calidad de los controles sobre el terreno, aplicación incorrecta de las sanciones, directrices inadecuadas y deficiencias en los controles administrativos de los gastos de las ayudas por superficie, incluidas las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie.
A los Países Bajos, la Comisión le reclama 28,9 millones de euros por la no ejecución de un control clave sobre el pago del precio mínimo a los productores en los ejercicios financieros comprendidos entre 2003 y 2008.
A Bulgaria, son 20,2 millones de euros los reclamados por deficiencias tanto en el SIP-SIG como en los controles sobre el terreno correspondientes a las ayudas por superficie -incluidas las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie- del año de solicitud de 2006.