La Comisión Europea ha reclamado, en virtud del «procedimiento de liquidación de cuentas», el reembolso de un total de 530 millones de euros de fondos correspondientes a la política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. A España le reclama más de 110 millones.
En el apartado de Frutas y hortalizas, Bruselas reclama a nuestro país -corrección propuesta para los ejercicios financieros 2006-2008 por los costes de gestión medioambiental del envasado no subvencionables y varias categorías de gastos no subvencionables abonados- 37,253 millones de euros.
En el capítulo dePrimas por ganado -corrección propuesta para los ejercicios financieros 2004-2006 por inicio tardío, bajo índice y escasa calidad de los controles sobre el terreno en lo que se refiere a las primas por animales- 7,630 millones de euros.
Finalmente, respecto al Aceite de oliva y otras materias grasas – orrección propuesta para los ejercicios financieros 2003-2006 por la aplicación incorrecta de las tolerancias técnicas, deficiencias en el control de los rendimientos y aplicación incorrecta de las sanciones por retrasos en la presentación de las declaraciones de cultivo- 70,961 millones de euros.
Esos fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE por haberse incumplido las disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la Política Agrícola Común (PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos.
Con arreglo a esta última decisión, se reclamarán fondos a Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Reino Unido por un total de 530 millones de euros y se reembolsará un pequeño importe a Alemania.
Entre las mayores reclamaciones figuran las dirigidas a Grecia: 137,23 millones de euros por gastos no subvencionables y deficiencias importantes en el Sistema de Información Geográfica (SIG) oleícola y en los controles sobre el terreno y 122,38 millones de euros reclamados por un número insuficiente de controles sobre el terreno y por deficiencias en el sistema de identificación de parcelas (SIP-SIG) y en los controles administrativos de los gastos correspondientes a las ayudas por superficie (también se refiere a las medidas de desarrollo rural basadas en la superficie).
Los Estados miembros son responsables de la gestión de la mayor parte de los pagos correspondientes a la PAC, principalmente por medio de sus organismos pagadores. También les corresponde realizar los controles: por ejemplo, deben comprobar las declaraciones de los agricultores en relación con los pagos directos. La Comisión realiza más de cien auditorías al año, a fin de comprobar que los controles de los Estados miembros y las respuestas a las deficiencias son suficientes, y tiene la facultad de recuperar los atrasos si las auditorías demuestran que dichas respuestas son insuficientes para garantizar que los fondos de la UE se han gastado de forma adecuada.