El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva que fija, como norma general, un límite de 30 días para pagar las facturas. En el caso de las administraciones públicas, este plazo se podrá prolongar, como máximo, hasta los 60 días cuando esté justificado. Además, se respetarán los contratos entre empresas con plazos más amplios siempre que no resulten abusivos. La norma prevé sanciones por incumplimiento y los Estados miembros tendrán dos años para cumplirla.
La nueva legislación, aprobada por 612 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones, busca garantizar que las pequeñas empresas no tengan que afrontar problemas financieros debido a la demora en el pago de facturas por parte de otras compañías o de la administración pública, y puedan reforzar así la solvencia, la innovación y el empleo.
Como norma general, el plazo tanto para el sector público como para el sector privado para realizar el pago de facturas por bienes o servicios será ahora de 30 días. El Parlamento Europeo ha querido evitar lagunas y asegurar que la derogación de este límite sólo será aceptada bajo circunstancias especiales.
Durante más de un año, la delegación del Parlamento Europeo, liderada por la alemana Barbara Weiler, ha negociado para lograr normas más estrictas y claras sobre los plazos de pago, hasta alcanzar un acuerdo con el Consejo el pasado mes de septiembre. Weiler aseguró durante el debate celebrado el pasado martes que esta directiva «sentará las bases para una nueva cultura del pago». «Tenemos el objetivo de reforzar los derechos de las empresas más pequeñas, con el fin de mejorar la liquidez y crear un ambiente más idóneo para las inversiones en nuevos puestos de trabajo», defendó la eurodiputada alemana.
El acuerdo deberá ahora ser formalmente aprobado por el Consejo. Weiler también subrayó que la intención del Parlamento Europeo es que el periodo de implementación «tarde menos de dos años». En este sentido, aseguró que «a partir de enero los Estados miembros deberían iniciar la transposición». «España, por ejemplo, ya ha empezado», destacó la ponente.
La ley española contra la morosidad en las transacciones comerciales ha sido actualizada recientemente con el objeto de atajar el aumento de impagos producido por la actual situación de crisis económica. El nuevo texto, que reforma la ley de 2004, establece un plazo máximo de 60 días para pagos entre empresas no ampliable por acuerdo entre las partes, mientras que en el caso del sector público, los plazos de pago no podrán superar los 30 días. La nueva norma se aplicará a partir de 2013.