Tanto la Confederación Española de Comercio como Andema han calificado de “alarmantes” los resultados del nuevo informe presentado por la EUIPO sobre falsificaciones y recuerdan que la venta de estos productos es una actividad ilegal que, además de provocar grandes perjuicios al empleo y a la economía del país, está controlada por bandas organizadas y vende artículos que no han pasado ningún control de seguridad y calidad.
A pesar de que las pérdidas en ventas en España han descendido en la mayoría de cinco sectores principales de los analizados en el informe, es significativo el aumento de las mismas en el sector de la confección, el calzado y los accesorios que se sitúa en el 14,9% (8,2% el año pasado), destacan ambas entidades, que afirman que “el consumidor tiene que ser consciente de que cuando compra falsificaciones su dinero va a subvencionar el crimen organizado, y pone en riesgo su salud y su seguridad”.
Según José Antonio Moreno, director general de Andema, en el último año el anuncio del lanzamiento del Plan Integral contra las Falsificaciones por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, permite albergar alguna esperanza de que el problema pueda reconducirse. “Pero queda muchísimo por hacer y las administraciones, especialmente los ayuntamientos, tienen que percibir que éste es un problema de competencia desleal, de ocupación ilegal del espacio público y de distribución y venta de productos inseguros”, destaca.
Para el secretario general de la CEC, José Guerrero, “la venta de falsificaciones hace un daño irreparable al comercio local. Los comerciantes crean empleo, pagan impuestos y se esfuerzan en abrir su puerta cada día. En algunas zonas de determinadas localidades, nos sentimos totalmente desprotegidos ante la venta ilegal de falsificaciones delante de nuestros locales”.
