La ley de la cadena alimentaria, según las organizaciones más representativas de la distribución, debe velar por las buenas prácticas de todos los eslabones que participan en ella especialmente del sector industrial en sus relaciones con los productores agrarios, dando seguridad a los pagos y sostenibilidad a los productores.
Por ello, estas organizaciones reclaman que la reforma de la cadena alimentaria se haga desde criterios económicos responsables, sin caer en planteamientos demagógicos que dificulten una solución sólida y equilibrada de los problemas de los productores y, fundamentalmente, asegurando la defensa de los consumidores a los que sirven todos los sectores implicados.
La distribución comparte el objetivo del Gobierno de impulsar una reforma del sector agroalimentario, dirigida a mejorar su eficacia y competitividad. El objetivo de la Ley que acaba de presentar el Gobierno, en un mercado globalizado, debe ser proporcionar a los consumidores los mejores productos con la máxima calidad y al mejor precio posible.
Es necesario avanzar en una modernización urgente y profunda de la cadena alimentaria, para reorientar el tejido productivo y asegurar su sostenibilidad futura.
La distribución considera que las empresas comerciales desempeñan un papel esencial en la cadena alimentaria y que, hasta la fecha, su contribución ha sido muy importante en la modernización de la economía agraria y en la apuesta por un tejido de producción más estructurado y estable.
La distribución quiere ser, por tanto, partícipe de la necesaria mejora del sector productivo y de las condiciones en que trabajan los agricultores, porque redunda en el beneficio de todos, principalmente de los consumidores. Como prueba de ello, la distribución viene colaborando intensamente en los últimos años con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las Comunidades Autónomas y las asociaciones de la cadena agroalimentaria para tratar de mejorar la cadena de valor.
En línea con este objetivo que comparte, la distribución considera que la futura Ley de la cadena alimentaria no puede considerarse un instrumento para debilitar la posición negociadora de los agentes y, en concreto, de las empresas que venden directamente al consumidor y que, por tanto, son responsables últimos de ofrecer a éste las mejores condiciones de surtido y precio posible en colaboración con sus proveedores. La mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria no puede olvidar que para ser socialmente responsables es esencial el respeto a las reglas de un mercado competitivo que sirva a los consumidores, especialmente en un momento de grave crisis económica como en el que nos encontramos.
Frente a la imagen de posición dominante y concentración que algunas voces otorgan a las empresas de distribución, éstas recuerdan que tres cuartas partes de la producción agrícola se venden directamente a la industria. Si se analizan los mercados según las diferentes categorías alimentarias, la concentración de las grandes empresas industriales resulta muy superior a la de la distribución.
Focalizar la atención en la actividad de la distribución es un error, que podría traducirse en un tratamiento por parte de la Administración discriminatorio y no proporcionado que terminaría perjudicando a los consumidores. En este sentido, a diferencia de la industria, las relaciones entre la distribución y sus proveedores están sometidas desde 1996 a una intensa regulación y la propia CNC ha señalado reiteradamente cuando ha analizado los mercados alimentarios que el comportamiento de las empresas de distribución no ha generado efectos negativos para el funcionamiento de estos.
