La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha informado que “tras el caso omiso a las continuas alegaciones que elaborado sobre la legalidad de la extensión de norma acordada por la OIVE”, ha presentado este miércoles un contencioso-administrativo contra esta decisión de la Interprofesional.
Esta organización agraria, quien ya presentara al Ministerio sendas alegaciones, tanto en mayo durante el proceso de información pública, como en junio, en el proceso de consulta de orden ministerial, recurre así ante la Audiencia Nacional la extensión de norma para las campañas 2019/2020 a 2023/2024 y explica que “ésta pretende recaudar 5,6 millones de euros por campaña, es decir un total de 28 millones de euros a lo largo de su duración, presuntamente en contra de varios preceptos de la normativa de la Unión Europea en la materia, así como, de las previsiones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
Unión de Uniones, ante la jurisprudencia española anterior a la entrada en vigor de la OCM de los productos agrarios vigente, así como, la específica sobre la OIVE y su anterior extensión de norma, planteará a la Audiencia Nacional la necesidad de presentar varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que los productores que no pertenecen a la OIVE ni al resto que no pertenecen a organizaciones interprofesionales agroalimentarias españolas tengan garantizados sus derechos y dejen de ser lesionados económicamente.
Asimismo, la organización señala que “no ha sido la única entidad que ha presentado alegaciones o se ha expresado en contra de la extensión de norma. En concreto, asociaciones riojanas que agrupan a unas 300 bodegas de aquella zona productora han cuestionado igualmente que la Organización Interprofesional tenga la representación requerida para poder adoptar estas decisiones”.
En este sentido, agotada la vía de audiencia, la organización plantea a los Tribunales, para que estos decidan, sus dudas sobre la legalidad de la extensión de norma acordada en la OIVE respecto a las circunscripciones económicas en que se divide España, a la representatividad no justificada ni en el conjunto, ni en las circunscripciones económicas del vino, así como de algunos de los objetivos concretos de la extensión de norma por ir más allá de lo previsto en la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos agrarios de la UE.
La organización, “que no está en contra del principio interprofesional como sistema de vertebración del sector”, sí que considera que “muchas de las hoy constituidas carecen de la legitimidad requerida para funcionar y aprobar extensiones de norma al no contar los miembros de la parte productora con la acreditación documental de la cesión expresa de representación de los agricultores y ganaderos”.
Igualmente, pone en entre dicho, su utilidad en las actuales circunstancias. «Sinceramente, no sabemos para qué sirven los casi 30 millones de euros anuales que cada año recaudan de los distintos sectores las Interprofesionales… desde luego, a la vista de los resultados, no para que los agricultores y ganaderos tengamos mejores precios para nuestros productos”, apuntan desde la organización.
