La elevada inflación de los dos últimos años ha aumentado los daños derivados de la pandemia sobre las economías domésticas. Así lo indica una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que revela que el 73% de los hogares tuvo dificultades para ahorrar dinero durante el año pasado, frente al 66% en 2021 y el 60% en 2020.
“Y lo que es peor, el porcentaje de familias con graves dificultades para llegar a final de mes pasa del 6% en 2020 al 11% en 2022; es decir, casi se doblan”, señala la entidad.
Pero las dificultades económicas no han afectado por igual a todas las regiones. Los resultados más preocupantes se concentran en cinco comunidades autónomas: Andalucía (81% de los hogares tiene dificultades para ahorrar), Canarias (80%), Galicia (78%), Baleares (78%) y Castilla-La Mancha (75%). De hecho, el índice de solvencia familiar elaborado por OCU, que mide la capacidad de las familias para afrontar los gastos del hogar (vivienda, salud, movilidad…) ponderados según su relevancia sobre el conjunto de su economía doméstica, ha descendido en todas las Comunidades Autónomas, salvo País Vasco, Región de Murcia, Asturias y Canarias.
La encuesta también apunta partidas de ciertos gastos relevantes que resultan especialmente difíciles de afrontar. Les sucede a un 53% de los encuestados cuando se les pregunta por el pago de los suministros de electricidad, gas y agua. También a la hora de adquirir alimentos frescos, como la carne y el pescado (al 48% de las familias le resulta difícil o muy difícil afrontar este gasto), las frutas y verduras (42%) o alimentos básicos como el pan, la pasta, el arroz, el aceite y los lácteos (40%). Además de afectar a otro gasto vital para la salud, como es visitar al dentista (49%).
OCU pide incrementar las ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños y padres en situación de desempleo, entre los más afectados según la encuesta. Además de automatizarlas mediante la creación de un registro de familias vulnerables. La organización estima que alrededor de la mitad de los posibles beneficiarios siguen sin beneficiarse de las ayudas a las que tiene derecho, bien por las dificultades para gestionarlas como por desconocimiento.
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