Los elevados costes de producción ponen en riesgo el sector agrario

El año 2021 ha sido tremendamente difícil para la industria agraria. El gasto en insumos de producción ha subido un 13% respecto a 2020, liderado por la energía, los piensos y los fertilizantes. Por lo general, este incremento de costes no se ha trasladado al precio de venta de los productos, dando como resultado una fuerte caída de la renta agraria por UTA, que alcanza el 6%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa).

“Según los cálculos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el incremento interanual de los costes de producción alcanza el 30% en diciembre de 2021, con una subida exponencial de los mismos en la última parte del año. Esto es muy preocupante para las expectativas del 2022 porque pone en riesgo la viabilidad económica de nuestras explotaciones”, explica Miguel Padilla, secretario general de COAG.

“Estamos muy preocupados por la resistencia de los compradores a trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias. Los operadores comerciales de la cadena se han fijado como objetivo la contención de precios al consumidor y el control de la inflación, todo ello a costa de las rentas de los hombres y mujeres del campo. Incluso cuando se producen las subidas de precios en los puntos de venta, en muchos casos no se reflejan en los precios percibidos por los productores”, ha subrayado Padilla.

Este mes de diciembre se han llevado a cabo y planeado nuevas movilizaciones del sector, que planea continuar con estas protestas a lo largo del próximo año. Sin embargo, hay algo en medio de estos desacuerdos que COAG ha valorado positivamente y es la aprobación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, dado que se han producido avances relevantes y abre nuevas expectativas de cara a la mejora de la posición en la cadena de agricultores y ganaderos.

COAG plantea que para que sea efectiva esta Ley, es necesario un mayor control en su aplicación y su completo despliegue, tanto por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios, como por los órganos de control de las Comunidades Autónomas, potenciando las inspecciones de oficio sobre todo en los contratos, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones.