El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) está trabajando con los sectores en el diseño y la puesta a punto de los mecanismos necesarios para lograr una regulación efectiva de la oferta de los mercados del aceite de oliva y del vino, dos sectores cuya producción anual presenta una gran variabilidad debido, sobre todo, a las condiciones meteorológicas de cada campaña.
En esta tarea, durante los últimos días se han intensificado los contactos con representantes del sector y con la Comisión Europea, tal y como ha destacado el departamento en un comunicado, que explica que “como consecuencia de estas variaciones, los precios que perciben los agricultores están sujetos a una gran volatilidad, lo que hace necesario establecer mecanismos de regulación que permitan ajustar la oferta a la demanda, contribuyendo con ello a estabilizar los precios que percibe el productor”.
En relación con el mercado del aceite de oliva, el Ministerio colabora con Cooperativas Agroalimentarias de España para la puesta a punto de un mecanismo de autorregulación que permita, de manera voluntaria, almacenar temporalmente aceite de oliva de una determinada calidad.
Con esta medida, y en años como el presente en el que las disponibilidades de aceite son muy superiores a la media de los años anteriores, las cooperativas podrán acordar almacenar una parte del aceite de oliva producido, de una calidad determinada, durante el tiempo necesario hasta que las condiciones de equilibrio entre oferta y demanda se reestablezcan. Todo ello al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Organización Común de los Mercados Agrario.
Las cooperativas, al comprender un 67% de la producción de aceite de oliva, podrán de este modo efectuar un papel de regulación del mercado, reduciendo con ello la volatilidad de los precios al productor, sin afectar negativamente a los precios al consumidor.
A este respecto, el ministro Luis Planas, en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrado en Bruselas el pasado 15 de julio, trasladó al comisario de Agricultura, Phil Hogan, el interés de España por el desarrollo efectivo de esta medida, que recibió el apoyo del comisario. Por su parte, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunió con la Comisión Europea, para presentar la propuesta de Cooperativas, que tiene el respaldo del Ministerio
Posteriormente, el pasado 24 de julio se mantuvo una reunión, de carácter técnico, con los servicios de la Dirección General de Agricultura y de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, con la asistencia de representantes de Cooperativas Agroalimentarias de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia española. En esta reunión se avanzó en el análisis de la propuesta española de autorregulación y se pudo constatar la voluntad de todas las partes para completar lo más rápidamente posible el diseño y la puesta a punto del mecanismo.
El diseño de esta medida de autorregulación constituye una novedad dentro de la normativa comunitaria. No obstante, hasta su aprobación final por la Comisión Europea, será necesario realizar adaptaciones de la propuesta inicial para que las autoridades de competencia puedan avalarla y, con ello, dotarla de la necesaria seguridad jurídica, explica el Ministerio de Agricultura.
Para ello, los servicios de la Comisión Europea avanzarán un cuestionario con la información adicional que debe ser aportada por Cooperativas Agroalimentarias y por el propio Ministerio. De manera paralela, se aportará a la CNMC toda la información técnica necesaria, para analizar todos los extremos de la propuesta y, en su caso, introducir las adaptaciones necesarias.
Al mismo tiempo, en el marco de las negociaciones para la nueva PAC post 2020, España ha solicitado que la reglamentación comunitaria incorpore un dispositivo que permita una retirada de manera obligatoria de aceite de oliva por parte de todo el sector, no solo del cooperativo. El último borrador del texto que se está negociando recoge ya la propuesta española para que este tipo de regulación extensible a todo el sector se pueda llevar a cabo a partir del momento en que entre en vigor la nueva PAC, cuando las condiciones de desequilibrio del mercado lo requieran. En este marco de actuación, el Ministerio continúa en contacto con el sector y con la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva para completar las actuaciones que contribuyan a la mejora del sector.
Medidas para el sector vitivinícola
De igual forma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en una batería de medidas para la estabilidad y calidad del sector vitivinícola español, a partir de unas primeras propuestas avanzadas el pasado 26 de junio por la Organización Interprofesional del Vino de España.
En este sector la disponibilidad de medidas de regulación en la reglamentación comunitaria es más amplia que en el del aceite de oliva, al existir una disposición en el Reglamento de la Organización Común de Mercados que permite tomar decisiones de carácter regulatorio por parte de los Estados Miembros (desarrollado en España mediante el Real Decreto 774/2014), explica el departamento de Luis Planas.
Los trabajos del Ministerio se están centrando en un conjunto de medidas que van mucho más allá de la regulación del volumen de vino en el mercado, avanzando además en la mejora de la calidad de este producto con el fin de incrementar su valor.
En primer lugar, el Ministerio estudiará la elaboración de una propuesta de norma de calidad para la uva de vinificación, sobre la base de las propuestas que realice el sector. Dicha norma podrá incluir requisitos mínimos en materia de calidad de la uva como el contenido máximo de ácido glucónico, graduación mínima, rendimientos máximos por hectárea, entre otros, con el objetivo final de mejorar la calidad de los vinos.
De manera adicional se trabajará con el sector para la puesta a punto de una medida de regulación que permitiría retirar del mercado una determinada cantidad de vino sin indicación geográfica y de características concretas. La retirada del mercado se produciría cuando la oferta de vino fuera muy superior a las necesidades del mercado. La medida debe basarse en parámetros objetivos, transparentes y conocidos de antemano por los operadores del sector.
Para diseñar la medida, se elaborarán modelos econométricos que permitan hacer predicciones del impacto que sobre el mercado tendrían determinados supuestos de volúmenes sujetos a la medida. Sobre la base de estos modelos se fijarán de manera anticipada y transparente los posibles escenarios desencadenantes, así como los volúmenes que, en cada uno de los casos, podrían ser susceptibles de regulación con garantía de competencia leal.
Finalmente, está previsto reforzar las medidas de control en materia de contenido alcohólico de los subproductos de vinificación, a través de los planes de control establecidos por Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en coordinación con las Comunidades Autónomas.
En las próximas semanas se mantendrán contactos con el sector con el fin de elaborar, por parte del Ministerio, una hoja de ruta con las medidas concretas y el calendario previsible de desarrollo y aplicación.
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