El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó el pasado viernes la concesión de subvenciones a las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, destinadas a promover la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores para el ejercicio de 2025.
El importe final para la financiación de estas subvenciones es de 3.047.529,91 euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. De esta cifra, se destina un importe de 2.330.963,00 euros a programas para fomentar la actividad asociativa, con el objetivo de asegurar que las organizaciones beneficiarias cuenten con estructuras sólidas que les permitan realizar con eficacia las funciones de representación, no solo de sus asociados, sino de los intereses generales de los consumidores y usuarios de todo el país.
El importe restante, 716.566,91 euros se destina a programas específicos de las asociaciones beneficiarias, es decir, actuaciones concretas de información, defensa y protección de los derechos e intereses de consumidores y usuarios.
Control y justificación de las subvenciones
De manera paralela a la publicación de estas subvenciones, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado de que realizará una auditoría pública como parte del proceso de control y justificación de las subvenciones concedidas, tal y como prevé la Ley General de Subvenciones. En este caso concreto, este control se llevará a cabo por la Dirección General de Consumo, proponente de las ayudas concedidas.
Esta auditoría se suma a los controles habituales de la Administración, y que tienen la finalidad de justificar la información presentada, así como la ejecución efectiva de los proyectos subvencionados.
En este sentido, cabe destacar que el uso de las declaraciones responsables para acreditar la actividad de cada organización supone un instrumento jurídico para certificar dicha información. Asimismo, la ley también contempla que la Administración ponga en marcha este tipo de medidas para garantizar un proceso de control y justificación de las subvenciones.
