Desde que en agosto de 2018 EEUU impuso un arancel del 35% a las importaciones de aceituna de mesa negra procedente de España, el sector ha dejado de exportar aceituna negra por valor de 170 millones de euros, según la Asociación Española de Exportadores e Industriales e Aceitunas de Mesa (Asemesa).
Esta organización cree que la cumbre de la OTAN que acogerá Madrid los próximos 29 y 30 de junio constituye una “magnífica ocasión” para que EEUU y España busquen una salida a estos aranceles. Por ello ha dirigido sendas cartas al Rey de España, Felipe VI, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamándoles su “apoyo” en este litigio.
Aprovechando la celebración en Madrid de esta cumbre, Asemesa ha reclamado al Rey Felipe VI y al presidente Sánchez que aborden una solución al problema de la aceituna negra española en los encuentros bilaterales que mantendrán la semana próxima con el presidente de EEUU Joe Biden. “Ello sería lo razonable entre dos países unidos por una larga amistad e intereses comunes, como las bases militares que comparten en suelo español”, detalla la asociación.
En la misiva dirigida a Zarzuela y a Moncloa recuerda que “la industria española de aceituna de mesa ha perdido el 70% de las exportaciones a EEUU en favor de otros países como Marruecos, Egipto y Turquía, entre otros”, situación de la que también se han beneficiado países comunitarios, como Portugal y Grecia, ya que el arancel sólo se aplica a España.
Durante los últimos años Asemesa ha desplegado una intensa defensa del sector de la aceituna de mesa e, incluso, de la PAC, ya que, es necesario recordarlo, el arancel ponía en entredicho la legalidad de todo el sistema de ayudas a los agricultores comunitarios. Como consecuencia de la batalla legal emprendida, se han conseguido éxitos como la resolución del panel de la OMC, diversos fallos provisionales de la justicia ordinaria de EEUU o reducciones del arancel limitadas a pocas empresas y de manera provisional.
A pesar de lo anterior, a día de hoy, «la mayoría de las empresas del sector siguen sufriendo el arancel del 35% o viven bajo la amenaza de que se les vuelva a imponer ya que la reducción conseguida, como ya se ha señalado, es provisional», asegura Asemesa, que recuerda que el coste gastado en abogados para la defensa del sector sobrepasa ya los 8,5 millones de euros, sin que tampoco haya recibido ayuda económica de la UE ni del Gobierno, con la salvedad de una aportación limitada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
A pesar de que EEUU aceptó la resolución de la OMC que declaraba ilegal este gravamen y decidió no recurrirla, ha mantenido el arancel y está “utilizando todas las artimañas posibles para no cumplirla”, por lo que, a juicio de Asemesa, es muy importante “ejercer la máxima presión” por todos los medios posibles para que la Administración norteamericana actúe en consecuencia con lo asumido.
