El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha ensalzado el valor del anteproyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario para proteger el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores. Esta iniciativa se enmarca en la serie de compromisos que tiene España con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Así lo ha afirmado en la cuarta edición del Foro Participativo de la Industria Alimentaria sobre el anteproyecto de ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, organizada por el propio ministerio en Cáceres, y que en esta ocasión ha estado dedicado al sector primario.
El fomento de una línea de venta de productos imperfectos o menos estéticos, así como de los que estén en fecha próxima a su caducidad o aptitud para el consumo, será una de las prioridades de la futura ley. La normativa, según el ministro, establecerá una jerarquía de uso de los alimentos antes de que sean desperdiciados tanto en la cadena de producción, almacenamiento, transporte y distribución.
Asimismo ha subrayado también que la ley hace una decidida apuesta por la promoción de la investigación, innovación y digitalización aplicadas a la mejora de la productividad de las cosechas y a la optimización del aprovechamiento de las producciones.
Planas también ha recordado las dos metas concretas que se ha propuesto España, dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y como parte del Informe Progreso 2021.
La primera meta consiste en revisar, para finales de este mismo año, la legislación referente a las fechas de duración mínima, caducidad y consumo. La segunda meta está fijada en el año 2030 y persigue la reducción de residuos alimentarios de hasta un 50% en el hogar y comercio minorista, y de un 20% en las cadenas de producción y suministro.
El Gobierno elaborará, en coordinación con otros ministerios, un Plan Estratégico contra el desperdicio alimentario. Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación propondrá un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y realizará un informe anual sobre los resultados de la aplicación del plan nacional del que tendrá que informar a las Cortes.
La ley impone, además, a las administraciones públicas la obligatoriedad de llevar a cabo campañas divulgativas y de sensibilización así como elaborar de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.
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