La Guardia Civil desarticula una trama dedicada a la financiación ilegal del sindicato UPA-UCE-Extremadura (Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura). Así, se habría llevado a cabo un entramado financiero que permitía desviar los fondos destinados a subvenciones para asesoramiento dedicándolos a la actividad propia del sindicato.
El dinero obtenido por el sindicato durante los años 2013, 2014 y 2015 fue de algo más de 1,8 millones de euros, procedente de unas 5.500 subvenciones que fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA – UCE Extremadura.
Este proceso de transferencias y cobro de recibos tipo carrusel se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario. Los titulares de las explotaciones agrícolas, por regla general, únicamente eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención, para lo que firmaron en el sindicato una serie de documentos que desencadenaban toda la operativa descrita.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero tras una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en Campo Arañuelo (Cáceres), en el que ponía de manifiesto un supuesto entramado financiero ilegal del sindicato UPA-UCE-Extremadura.
Continuando con las investigaciones los agentes pudieron determinar que más de 1.800 personas, afiliadas al sindicato UPA – UCE Extremadura, habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 a 2015, con fondos procedentes de la Unión Europea, fondos que fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación.
La Guardia Civil ha podido comprobar como algunos empleados del sindicato (los “captadores”) utilizaban “mediante el engaño o tergiversando la información, a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos siendo estos la solicitud de la subvención, la de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado”.
De este modo, la subvención, una vez gestionada por el propio sindicato con los documentos que les daban a firmar a los agricultores, era ingresada en la cuenta de estos últimos e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización de un préstamo que habían otorgado con anterioridad. Desde allí nuevamente se transfería al sindicato.
Las operaciones así realizadas eran por tanto ficticias y sin coste económico alguno, obteniendo el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados del sindicato, las cuales volvían a este último.
UPA niega las acusaciones
Por su parte, el sindicato UPA-UCE rechaza las acusaciones realizadas por la Guardia Civil y asegura que “nadie en la organización ha cometido ningún delito ni se ha financiado ilegalmente de ninguna manera. Las ayudas europeas al asesoramiento a las explotaciones se dirigían a los agricultores que pagaban a la organización por un servicio que fue prestado por UPA y auditado por la Administración”.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura ha manifestado “tranquilidad y confianza” tras conocer los detalles de la operación puesta en marcha por la Guardia Civil. Fuentes de la organización han asegurado que “no hay caso, ya que no se ha cometido ningún delito”.
UPA ha negado que exista un entramado financiero ilegal para financiarse en base a las ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la Unión Europea. Esas ayudas llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes del asesoramiento, que realizaban los técnicos que trabajan para la organización.
Según UPA, en los años a los que se refiere la investigación (2013-2015) el sindicato estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento, informes que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agraria Común. Por ello los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento.