El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria que da respuesta a la carencia, constatada desde hace años, de una norma básica actualizada y homogénea en el ámbito nacional, para una efectiva defensa de la calidad alimentaria.
Actualiza, además, la legislación vigente en la materia, que data de 1983, y se adapta a la normativa europea que regula los controles en el ámbito de la comercialización de productos alimenticios y la persecución del fraude.
Para lograr esos objetivos, la nueva norma incorpora al ámbito de la calidad alimentaria los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, lo que implica que los operadores en las relaciones comerciales no tienen que cumplir más que una sola regulación. Se trata de un aspecto innovador, dado que ofrece mayor capacidad de actuar al operador, en el ámbito de la libertad de empresa y de circulación de mercancías y servicios.
Mediante el Proyecto de Ley, se ordena también el sistema de inspecciones y controles aplicado a los alimentos, en las etapas de la cadena de suministro comprendidas entre la salida de los productos de la explotación agraria o sacrificio de los animales, hasta su llegada a los almacenes de logística, previos a los locales de la distribución alimentaria para su puesta a disposición del consumidor final. En una regulación cuyo fin es asegurar que los productos llegan al consumidor con todas las garantías de calidad.
Los sistemas de control que se establecen en la Ley son los existentes en la normativa comunitaria, si bien con este texto aparecen por primera vez en España sistematizados en un único instrumento legal y con vocación de norma básica.
De esta forma, se favorece la competitividad de las empresas mediante la simplificación de los mecanismos de control de la calidad comercial de los productos alimentarios, evitando que los operadores se vean sometidos a las cargas administrativas derivadas de la multiplicidad de normativas autonómicas, no siempre coincidentes.
El Proyecto de Ley homogeneiza y actualiza el régimen sancionador, al dictar normas básicas que establecen qué hechos se consideran infracciones leves, graves o muy graves, y se define una horquilla sobre la cuantía de las sanciones.
Se pretende, con ello, salvar los obstáculos con los que se encuentran las empresas del sector al recibir un tratamiento distinto según la Comunidad Autónoma en la que desarrollen su actividad, y que los operadores situados en distintos eslabones de la cadena, cualquiera que sea el lugar en el que desarrollen su actividad, tengan un tratamiento igual en caso de detectarse irregularidades en su actuación.
En este régimen sancionador también se contempla una actualización de la cuantía de las sanciones, dando así cumplimiento al mandato de la Unión Europea que establece que las sanciones deben ser eficaces, proporcionales y disuasorias. De esta forma, se armoniza el régimen sancionador en todo el territorio español y se actualizan sus importes, de modo que no sea rentable defraudar.
Igualmente, se establecen marcos de colaboración estable y sistemas de redes de intercambio rápido de información entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, con el fin de coordinar sus actuaciones y armonizar la interpretación normativa. Entre otras cuestiones, se procede a la creación formal de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, que se constituye como un Grupo de Trabajo que se convertirá en el instrumento básico de cooperación entre las Administraciones públicas competentes.
Este Proyecto de Ley culmina la política que en materia de calidad alimentaria impulsa el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que se sustenta en el apoyo al fomento, la garantía y la protección de la calidad de los productos que se ponen a disposición de los consumidores. Estos principios constituyen uno de los fundamentos sobre los que se basa el éxito de los productos españoles en los mercados internacionales.
Se brindan también a las autoridades competentes los instrumentos legales oportunos que les permitan llevar a cabo los controles oficiales necesarios para constatar el cumplimiento de la normativa en materia de calidad alimentaria, a la vez que se dispone del régimen sancionador que permita corregir los posibles incumplimientos que pudieran producirse.
Por todo ello, se considera imprescindible impulsar la tramitación de esta Ley, que contribuye a hacer realidad la unidad de mercado mediante el establecimiento de un marco común para la defensa de la calidad alimentaria, y que ayudará a la mejora del sistema alimentario español.
