Asozumos y sus empresas asociadas rechazan el nuevo tributo sobre envases de bebidas, aprobado por el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares el 15 de febrero.
“Estimamos que dicho impuesto es discriminatorio porque el hecho imponible no lo constituye realmente el impacto medioambiental, que no ha sido acreditado por ningún estudio científico, sino la mera adquisición de envases que contengan bebidas. La finalidad ambiental del impuesto es solo una excusa para enmascarar su auténtica vocación recaudatoria”, dice en un comunicado.
“En España ya contamos con los Sistemas Integrados de Gestión (Punto Verde) que funcionan correctamente, por lo que el nuevo impuesto sólo introduce una doble imposición que incrementa el coste de los productos y penaliza el consumo de bebidas, sin aportar ninguna ventaja real a los consumidores baleares”, añade la nota.
“Como sector afectado -agrega la asociación-, compartimos con el resto de las industrias de alimentación y bebidas y, con la industria de fabricación de envases, la distribución, la hostelería, la restauración y las organizaciones que gestionan el reciclaje de los envases, todos los argumentos manifestados en contra de este nuevo impuesto, y nos sumaremos a todas las medidas económicas, judiciales y legales que se adopten a nivel colectivo”.
“Este nuevo gravamen supone una doble tributación injustificada, excesiva y desproporcionada, cuyo impacto concreto en nuestros productos supone un porcentaje superior a la repercusión de anteriores subidas del IVA o al de los costes derivados del reciclaje de los envases y afectará, en primera instancia, a la competitividad de las empresas de alimentación, que han conseguido mantener el empleo y la producción en una situación económica tan adversa como la actual; pero se trasladará a la economía de los consumidores de las Islas Baleares, cuyo consumo per cápita de zumos se sitúa entre los tres más elevados de nuestro país; y al sector agrario nacional, de donde proceden las materias primas que utiliza la industria envasadora”, agrega el comunicado.
“El nuevo impuesto -dice- afectará gravemente a nuestro sector, que ya contribuye al erario público a través de otras tasas que gravan sus cerca de 650 millones anuales de facturación. La industria de derivados o transformados vegetales se caracteriza además por su plena integración con el sistema agrícola nacional y su total sostenibilidad, constituyendo la salida preferente a los excedentes de producción de las frutas y hortalizas nacionales y un complemento insustituible para la renta agrícola de nuestro país. Si la industria de transformados vegetales se viese afectada por este nuevo impuesto, el impacto medioambiental de los deshechos agrícolas sería considerable, con lo que se obtendría un resultado medioambiental contrario al deseado”.