Una decisión adoptada por la Comisión Europea exige el reembolso de un importe total de 265,02 millones de euros de fondos agrarios de la UE indebidamente gastados por los Estados miembros.
El reintegro de ese importe al presupuesto europeo se debe al incumplimiento de las normas de la UE o a la aplicación de procedimientos inadecuados de control de los gastos agrarios. Los Estados miembros son responsables de abonar y de vigilar los gastos efectuados conforme a la Política Agrícola Común (PAC), y la Comisión lo es de asegurar que los Estados miembros han hecho un uso correcto de los fondos.
Al comentar la citada decisión, Dacian CioloÅ?, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, afirmó: «Trabajamos con ahínco para conseguir el mejor control posible de los gastos agrarios y asegurarnos de que no se malgaste el dinero de los contribuyentes.»
Principales correcciones financieras
De conformidad con esta última decisión, se recuperarán fondos de Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia, España y el Reino Unido. Las principales correcciones son las siguientes:
– 137,0 millones de euros1 reclamados al Reino Unido por las deficiencias en el sistema de identificación de parcelas (SIP-SIG), en el procedimiento administrativo de los controles y las comprobaciones cruzadas y en el análisis de riesgo, y por el cálculo incorrecto de los pagos y las sanciones;
-52,4 millones de euros reclamados al Reino Unido por (entre otras deficiencias) el insuficiente control de los beneficiarios de la categoría de inversores de la reserva nacional, la existencia de errores de transcripción y la falta de controles sobre los nuevos agricultores;
– 33,7 millones de euros reclamados a Irlanda del Norte por la deficiencias detectadas en el SIP-SIG, en los controles sobre el terreno y en la aplicación de las sanciones reglamentarias;
– 11,0 millones de euros reclamados a Hungría por la aplicación de un tipo de cambio incorrecto y por la inclusión indebida del impuesto sobre el valor añadido al establecer el precio de compra de azúcar blanco por los organismos públicos de intervención.