Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA han pedido a los diferentes grupos políticos que prohíban la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria, cuyo proyecto está encarando la recta final de las negociaciones en el Congreso de los Diputados.
Las organizaciones aseguran que no se debería “dejar pasar esta gran oportunidad para reforzar dicha normativa y aliviar las enormes dificultades que atraviesan agricultores y ganaderos”.
La crítica situación de sectores como el lácteo, con unos precios por debajo de los costes de producción, evidencia los incumplimientos de la Ley y la necesidad de acabar con prácticas comerciales abusivas que impiden la viabilidad económica de las explotaciones agrarias, comentan desde las organizaciones agrarias.
Otras de las reivindicaciones que están realizando las organizaciones son la de crear un registro de contratos, incluir en el ámbito de aplicación de la ley a los productos importados de países terceros, así como al canal horeca, reforzar la figura del mediador y generar índices de precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar, al servir de referencia objetiva y pública, reforzando el papel de los Observatorios de la Cadena.
La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha retomado los debates que deben culminar en la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria, que debería entrar en vigor en noviembre de 2021 a más tardar, para cumplir con los plazos fijados por la normativa europea. La Comisión de Agricultura tiene capacidad plena de la ponencia y una vez alcanzado un acuerdo se llevaría al Senado para completar el recorrido legislativo.