El Partido Socialista promete, entre otras cosas, “defender en la UE una Política Agraria Común (PAC) fuerte”, según se recoge en su programa electoral para los comicios del próximo día 20.
Para afrontar los retos que afronta el mundo rural, la agricultura, la ganadería y la Pesca, estas son las promesas electorales socialistas:
— Defenderemos en la Unión Europea una Política Agraria Común fuerte que contribuya a los objetivos de la Europa 2020. Una PAC más simple, con una dotación financiera suficiente y asentada en sus tres instrumentos básicos: apoyo a las rentas, gestión de mercados y desarrollo rural.
— Aumentaremos el reconocimiento y el prestigio de las actividades del sector primario. Los profesionales de este sector son verdaderos titulados que adquieren su formación en el ejercicio mismo de la actividad, imposible de sustituir por una formación académica reglada al uso, que sin embargo no ven reconocidos sus conocimientos profesionales en similares condiciones a las de la mayoría de los trabajadores.
— Queremos extender a estos trabajadores el modelo de titulación profesional por el ejercicio de la actividad que los socialistas hemos ido reconociendo a los trabajadores de algunos otros sectores.
— Fomentaremos la vertebración económica del sector productor, en particular mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de concentración de la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los productores en el mercado.
— Seguiremos apostando, como ya hemos hecho en los últimos años, por convertir a la pesca y la agricultura en sectores estratégicos para la cooperación al desarrollo.
— Habilitaremos nuevos instrumentos de control de los precios y de los mercados de alimentos, que contribuyan a evitar los movimientos especulativos y redistribuyan con equidad los márgenes de beneficios, así como a impulsar marcos internacionales de regulación y control, transparentes y efectivos.
— Vincularemos el concepto de calidad alimentaria a la calidad ambiental. La interdependencia (agricultura-ganadería-pesca) –(biodiversidad) como sello de garantía para el consumidor es un reto que deben afrontar las administraciones en nuestro país, para garantizar la imagen de nuestros sectores en el exterior, y evitar problemas de seguridad alimentaria.
— En un escenario global de incertidumbres, cada vez más se dirige la mirada al mar como un reservorio de recursos con capacidad para suplir las carencias que puedan sobrevenir de las deficiencias de gestión de los terrestres, pero debemos defender que los errores que la Humanidad ha cometido en tierra no se trasladen a los océanos. Es preciso definir con claridad en el seno de Naciones Unidas un concepto de ciudadanía oceánica universal que preserve las grandes áreas marinas, fuera de las aguas territoriales.
— La reforma de la Política Pesquera Común ha de llevarse a término sobre los mismos principios que la de la PAC, considerando la importancia de mantener un sector estratégico para el abastecimiento alimentario de la Unión Europea y para la creación de riqueza en las zonas costeras.
— Realizar esfuerzos en las áreas de innovación e investigación aplicada, atendiendo a las oportunidades que brindan las tecnologías de gestión del agua, de la energía, de la explotación de los recursos pesqueros, la acuicultura y las diversas industrias y actividades náuticas, conscientes de que en el mar se duplican los yacimientos de oportunidades que en algunos casos han alcanzado en tierra su cénit de aprovechamiento.
— Incrementar los esfuerzos en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y reglamentada, para terminar con estas actividades fraudulentas que esquilman nuestros mares, actuando principalmente sobre la comercialización de productos ilegales y actualizando los sistemas de control efectivos y la aplicación de sanciones en pesca.
— Incluir a las Organizaciones Profesionales Agrarias en el Consejo Nacional del Clima, para que tengan participación en los procesos decisorios en las materias de su competencia.
— Impulsar la eficiencia energética y el uso de energías renovables en la industria agroalimentaria y en las zonas regables de nuestro país, así como su adaptación a la normativa de emisiones que evite la deslocalización de una de las actividades más importantes de nuestro país.