La Comisión Europea ha reclamado en el marco del procedimiento de liquidación de cuentas un importe total de 214 millones de euros de fondos de la política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros.
Dicho importe debe devolverse al presupuesto de la Unión debido al incumplimiento de las normas de ésta o a la inadecuación de los procedimientos de control del gasto agrario. Los Estados miembros son responsables de pagar y controlar los gastos efectuados en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), y la Comisión está obligada a garantizar que aquéllos hagan un uso correcto de los fondos.
En virtud de la decisión que acaba de adoptarse, los Estados miembros a los que se requiere la devolución de fondos son Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Italia, Chipre, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Las correcciones más importantes son las siguientes:
– 76,6 millones de euros a cargo de Suecia por las deficiencias que presentan tanto el Sistema de Identificación de Parcelas/Sistema de Información Geográfica (SIP/SIG), como los controles administrativos y las sanciones que se aplican a los gastos de las ayudas por superficie, incluidas las medidas de desarrollo rural asociadas a ésta;
– 70,9 millones de euros a cargo de Italia debido al retraso de los controles del sector lechero;
– 22,3 millones de euros a cargo Dinamarca por las deficiencias del SIP/SIG, de los controles sobre el terreno y del cálculo de las sanciones.
Los Estados miembros están encargados de gestionar la mayor parte de los pagos de la PAC, a través, principalmente, de sus organismos pagadores. Se encargan, asimismo, de los distintos controles, como, por ejemplo, de la verificación de las solicitudes de pagos directos presentadas por los agricultores. La Comisión efectúa cada año más de cien auditorías en las que comprueba la adecuación de los controles realizados por los Estados miembros y de las soluciones aportadas por ellos para corregir las deficiencias y, en ese contexto, está facultada para recuperar los atrasos si las auditorías revelan que las medidas adoptadas por los Estados miembros no son adecuadas para garantizar que los fondos de la UE se hayan gastado correctamente.