Los agricultores afrontan la nueva temporada de riego, que en breve se inicia en muchas zonas, con un incremento de la factura eléctrica por encima del 60% desde la liberalización del mercado eléctrico en 2008.
Por este motivo, COAG, UPA y Cooperativas agro-alimentarias han pedido al Gobierno que publique de forma urgente el Real Decreto sobre contratos flexibles de temporada para mitigar el impacto de la subida ya que potenciar el desarrollo de las energías renovables para autoconsumo puede ser una alternativa que minore los costes energéticos en las explotaciones.
En el marco de esas negociaciones se cerró un borrador de Real Decreto sobre contratos de temporada que venía a paliar el agravio comparativo que tienen los regantes respecto al resto de usuarios por sus bajas tasas de utilización de la energía eléctrica a lo largo del año (14% en alta tensión y 7% en baja tensión), lo que hace que el término de potencia tenga un peso desmesurado respecto a otros usuarios. De esta manera, el precio final del kw/hora para el agricultor es muy relevante en la cuenta de resultados y supone un coste inasumible.
“En este contexto es difícil entender que un RD que cuenta con el visto bueno de los Ministerios de Medio Rural e Industria lleve paralizado más de nueve meses. En este sentido, se ha reclamado por activa y pasiva a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, que lidere y agilice el proceso para que los regantes puedan reducir los costes fijos de la factura en la nueva campaña”, aseguran desde las organizaciones.
UPA y COAG recuerdan que el sector del regadío español se encuentra en una posición muy delicada desde la desaparición de la tarifa especial para riego con la liberalización del mercado de la energía eléctrica a mediados de 2008. Con anterioridad, la tarifa especial para el sector mantenía los costes energéticos en niveles razonables, cuestión básica para garantizar la viabilidad de las inversiones en modernización y restructuración de los regadíos. Todos los agentes del sector coinciden en afirmar que los supuestos beneficios de la liberalización del mercado de la electricidad (vía reducción de precios) no han llegado al campo.