La OCU ha encontrado fallos en la indicación de precios en supermercados de 23 cadenas. La ausencia de precios o errores en éstos “es la tónica habitual”, concluye..
La OCU ha visitado 134 supermercados en Barcelona, La Coruña, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia y Valladolid y tiendas on line de 23 cadenas para comprobar si los precios se indican de forma adecuada y si se cobra lo correcto cuando se trata de una oferta.
La norma es clara: los precios no pueden mostrarse de cualquier forma. Los precios deben indicarse de forma que el consumidor pueda saber rápidamente si un producto es más o menos caro que el del resto de sus competidores. Todos los productos, en un supermercado, deben acompañarse del precio de venta al público, que debe incluir el IVA y demás impuestos y el precio equivalente o precio por unidad de medida, que debe incluir los impuestos y tomar como unidad de medida la que sea más lógica en función del tipo de producto (es decir, el precio por litro, por kilo, etc). Ambos precios deben aparecer.
“A pesar de que en todas las cadenas encontramos fallos, hay algunas cadenas como Hipercor, Gadis o, sobre todo, Mercadona, que se esmeran en facilitar toda la información relativa a precios. Por el contrario, otras como Eroski, Froiz o Caprabo cometen muchos fallos como omitir el precio por unidad de medida o hacerlo erróneamente. También Eroski destaca negativamente por el tamaño minúsculo de la letra con el que mostraba el precio por unidad de medida”, concluye el estudio.
Otro incumplimiento detectado por la OCU es que la oferta de un producto no se refleja al pasar por caja. En 1 de cada 5 supermercados, la OCU detectó cobros de más por este hecho. Hay cadenas en las que esta situación se repite en una misma compra: Carrefour, Dia, El árbol, Hipercor, MaxiDia, Supercor y Supersol-Dinosol.
Para la OCU, la indicación correcta de precios es una obligación de los supermercados para que los consumidores puedan comparar precios con facilidad y para que exista mayor transparencia en el mercado, por lo que exige a las Administraciones autonómicas que mejoren el cumplimiento de esta norma.