El grupo perteneciente a la familia Ruiz-Mateos ha iniciado el proceso de negociación de deuda recogido en la Ley Concursal para 10 de sus empresas. Con esta medida la compañía pretende conseguir “el clima de tranquilidad y calma imprescindible para normalizar la situación”.
Este procedimiento de negociación de deuda le concederá un margen de cuatro meses para negociar los pagos con sus acreedores que le permita evitar declararse insolvente.
Las empresas que formarán parte de este ‘preconcurso’ de acreedores son Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa (Apis y Fruco), Quesería Menorquina y Rayo Vallecano.
A partir de ahora el grupo, “abre un tiempo destinado a la firma de un acuerdo y acometerá una importante reestructuración que garantizará su viabilidad futura y el cumplimiento de la totalidad de sus compromisos”, explica el grupo en un comunicado.
Además, aseguran que se ven “obligados a solicitar esta medida de protección judicial que nos permita continuar trabajando en calma y continuar cumpliendo con todos nuestros compromisos”.
La situación actual es “reversible” y podrá ser modificada en breve mediante la adopción de las medidas planteadas y el Plan Estratégico aprobado para cada compañía.
El grupo agradece la confianza de los inversores, empleados, proveedores y consumidores, asegurando que cumplirán con todos los compromisos.
UGT estudia personarse en el procedimiento
La Federación Agroalimentaria de UGT muestra su preocupación por que se asegure la actividad productiva y el empleo de cada una de las empresas afectadas. Por ello, está estudiando la posibilidad de personarse en dicho proceso para garantizar el cobro de los salarios y especialmente para que cualquier acuerdo al que llegue Nueva Rumasa con sus acreedores lleve implícito el mantenimiento de la actividad y del empleo.
Sebastián Serena, Secretario de Política Industrial de la Federación Agroalimentaria de UGT, declara en primer lugar su decepción, ya que la dirección del grupo “no ha comunicado a los trabajadores sus planes de acción, actitud que considera muy negativa dada la gravedad de la situación”.
Según UGT, el grupo lleva dos años retrasándose en los pagos a empleados y a proveedores, lo que suponía la falta de materia prima en las fábricas que implicaba el bloqueo de la producción.
