La Asociación de Pesca, Comercio y Consumo Responsable (APCCR) ha solicitado a la Comisión de Pesca del Congreso de los Diputados, encargada de la redacción de la futura Ley de Pesca Sostenible, que tanto los pescadores, como la cadena comercializadora y los consumidores jueguen un papel activo en la futura ley.
La APCCR tiene el mayor interés en que se aproveche esta oportunidad legislativa para definir el concepto de sostenibilidad de la pesca y para que pescadores, distribuidores, restauradores y consumidores se conciencien y asuman su papel. Por ello, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Pesca del Congreso, la APCCR ha cuestionado el actual proyecto de ley que, en su opinión, no avanza frente a la ley anterior y ha abogado por una apuesta clara por la investigación científica pesquera como base fundamental para diseñar una política de sostenibilidad robusta.
En su comparecencia, la APCCR manifestó a la Comisión que si realmente se persigue una pesca sostenible, debe objetivarse esa sostenibilidad y tenerla en cuenta para el desarrollo de la política de gestión pesquera. Para la APCCR la nueva ley debe incluir una definición clara de sostenibilidad que concilie el desarrollo económico, social y medioambiental.
La Asociación resaltó el hecho de que exista una definición de la pesca artesanal y no de pesca sostenible, ya que a su juicio, este tipo de pesca, la sostenible, debe ser una apuesta empresarial, para crear un producto específico y destinado a un mercado determinado, con viabilidad económica, pero tratada desde las administraciones con el mismo rigor que el resto de actividades.
La APCCR abogó también por incluir la investigación como un elemento clave de la futura ley. Según la APCCR, un estímulo para conseguir que el pescador invierta en investigación, junto a distintos Institutos Científicos y Universidades, podría ser considerar un tramo incremental en deducciones fiscales para I+D+i para el sector primario, a sumar a las que existen con carácter general, y cuyos porcentajes, se establecerían, a ser posible, por el Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en función de la importancia de la conservación o regeneración de la especie o pesquería, en la que se actúa.