En su informe del pasado 15 de julio, el Grupo de Alto Nivel sobre Productos Lácteos (GAN) invitó a la Comisión a estudiar una propuesta legislativa que permita a las organizaciones de productores constituidas por granjas lecheras negociar conjuntamente las cláusulas de los contratos, incluido el precio, para la producción láctea de algunos de sus miembros o de todos ellos, sujetándose a un límite cuantitativo apropiado expresado como porcentaje de la producción de leche de la UE.
Esta recomendación no refleja la opinión unánime manifestada por las Autoridades de la Competencia de los Estados miembros en el seno del GAN1, que advirtieron firmemente contra cualquier propuesta legislativa que permita a las granjas lecheras fijar conjuntamente los precios de la leche sin límites adecuados determinados por referencia a los mercados relevantes y sin exigir las correspondientes formas de cooperación que mejoren la eficiencia entre las empresas agrícolas.
Procede recordar que las autoridades de la competencia acometieron un profundo análisis sobre las causas de la crisis de la leche y la interacción entre las normas de competencia y la política agrícola común. A este respecto, llegaron a la conclusión de que la legislación sobre competencia ofrece a los ganaderos un sólido marco legal para desarrollar formas de cooperación sostenibles y reforzar su poder de negociación, al tiempo que preserva sus incentivos para ser más eficientes, innovadores y estar mejor equipados para hacer frente a la competencia tanto dentro como fuera de la UE2.
A falta de una reorganización estructural para mejorar la eficiencia del sector lácteo, cualquier iniciativa legislativa de este tipo reducirá inevitablemente los incentivos.
El GAN incluía a las autoridades de la competencia francesa y alemana, designadas por todos los miembros de la REC, y a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
A consecuencia de las previsibles pérdidas de eficiencia del mercado tanto en las fases de producción como de transformación de la leche, los precios al por menor de una gran variedad de productos lácteos (leche fresca para consumo directo, leche UHT, yogures, entre otros) podrían sufrir incrementos significativos, ocasionando así un perjuicio sustancial a los consumidores finales, en particular a las familias con rentas bajas cuya demanda de tales productos es relativamente inelástica.
Por consiguiente, cualquier medida que conceda a las organizaciones de productores lácteos la facultad de fijar conjuntamente los precios alteraría el equilibrio del poder de negociación a favor de una categoría de operadores del mercado, por lo que no solo corre el riesgo de resultar perjudicial para el objetivo de reequilibrar las relaciones comerciales a lo largo de la cadena de suministro, sino que también constituye un peligroso precedente para otros sectores agrícolas y obstaculiza el objetivo último de la reforma de la PAC consistente en promover la competencia a largo plazo del sector agroalimentario europeo y sus incentivos para innovar.