Los representantes de la Interprofesional Láctea (Inlac)y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se han reunido para sentar las bases para la creación de un documento de fondo en el que se ahonde para definir las responsabilidades y obligaciones de todas las partes.
En la reunión “intensa y exhaustiva”, según las palabras de Elena Villauriz, secretaria General del Medio Rural, se han tratado tres asuntos clave para la mejora del sector en este momento: la obligatoriedad de un contrato universal, el planteamiento de la calidad en el producto de cara al consumidor y el modelo de indexación de precios que sirvan como referencia.
Para el presidente de Inlac, Román Santalla, “la jornada ha sido de gran utilidad, sobre todo, en lo que a contratos se refiere. Así, tanto el sector industrial como el sector productor asumen la necesidad de los contratos universales y únicos”. Al mismo tiempo, ha quedado patente que resulta necesario acompañar ese contrato con un modelo de indexación de precios como ya ocurre en otros países europeos si bien se trabajará en futuras reuniones en este sentido.
Para Santalla quien ha solicitado “más contundencia” es importante que los acuerdos queden respaldados por una cobertura política y jurídica, por lo que se hace necesario la creación un primer borrador hacia un Real Decreto por parte del MARM para poder avanzar con carácter inmediato “Hay un acuerdo sustancial en el seno de la interprofesional y desde el MARM vamos a trabajar para articular sistemas legales que posibiliten ponerlo en marcha”, ha asegurado Villauriz.
Las transacciones comerciales del sector lácteo deberán ir amparadas bajo el uso de contratos homologados, partiendo del conocimiento de las partes intervinientes y que podrán ser a su vez de diferente índole: de precios, volúmenes, garantías de recogida y de conocimiento de las condiciones de los pagos”, explica Villauriz.
Tras la implantación de esta voluntad de generar un modelo único y universal enmarcado en un sistema de indexación de precios concretos se plantea una segunda fase en la que se tratará la cuestión de las subvenciones y aunque la suscripción de un contrato supondrá un condicionante a la hora de solicitar ayudas y la duración del mismo servirá como elemento priorizador en este sentido. Todo ello encaminado a fomentar contratos más estables.