El Ministerio de Sanidad y Política Social estudia con las Comunidades Autónomas prohibir la venta en los colegios de bollería, chucherías, snacks y refrescos, según un documento de consenso sobre la alimentación en los centros educativos que se analizará en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, según recogen hoy diversos medios informativos.
Al parecer, con dicha normativa se pretende combatir la obesidad que afecta, según sus estadísticas, a uno de cada cuatro niños en España.
Desde el año 2005 existe un compromiso de autorregulación del sector de las máquinas expendedoras para reducir la presencia de estos productos en los colegios. La iniciativa se enmarca en la Estrategia NAOS por una nutrición sana y a lo largo de estos años ya ha dado sus frutos, porque apenas se venden refrescos en los centros escolares, aunque no ha sido tan efectiva con otros productos con una excesiva carga calórica.
El documento en estudio desarrolla la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que se aprobará este año, y que plantea prohibir «la venta de alimentos con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares sencillos, ya sea mediante máquinas expendedoras o en cantinas, bares o locales similares situados en el interior de los centros escolares».
A principios del pasado mes de octubre el Consejo de Ministros fue informado por las ministras de Sanidad y Política Social y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, del anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que unifica en una sola norma toda la legislación de alimentos y nutrición con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria. El Gobierno trata de dar así cumplimiento a un compromiso adquirido con los ciudadanos e incluido en la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008-2012.
Al mismo tiempo, se cumplen las exigencias de la Unión Europea en la materia, y se consolida el papel de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), creada en 2001, como organismo coordinador de las políticas de seguridad alimentaria y nutrición con las comunidades autónomas.
La ley otorga una especial importancia a los aspectos relativos a la coordinación y cooperación entre administraciones para el diseño de planes oficiales de control integrados, coordinados y, en la medida de lo posible sistematizados, con respeto a la organización jurídica de competencias y a las exigencias establecidas en la normativa nacional y comunitaria.
La globalización de los intercambios comerciales y los movimientos migratorios, los cambios en las preferencias de consumo alimentario y en la nutrición de los ciudadanos españoles, plantean problemas nuevos que exigen soluciones legislativas también nuevas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la tendencia creciente a la obesidad y el sobrepeso como una auténtica epidemia del siglo XXI y segunda causa de muerte evitable en el mundo occidental. La nueva ley reforzará la lucha contra la obesidad puesta en marcha en España a través de la Estrategia NAOS, premiada por la propia OMS.
Según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso. Respecto a los niños y adolescentes, el 9,13% tiene obesidad y el 18,48% sobrepeso. En resumen, uno de cada cuatro niños españoles tiene exceso de peso. Esta alta tasa de obesidad infantil tiene una enorme trascendencia en términos de salud, esperanza de vida e impacto económico: en 2002, se calculó que los costes asociados a la obesidad sumaban unos 2.500 millones de euros anuales, lo que representa, aproximadamente, el 7% del gasto sanitario total.
En el marco de la Estrategia NAOS, puesta en marcha en febrero de 2005 con el objetivo de promocionar una alimentación saludable, promover la práctica habitual de actividad física e invertir la tendencia ascendente de la obesidad, la nueva Ley contempla medidas especiales dirigidas a menores, particularmente en el ámbito escolar.