El Parlamento Europeo ha aprobado la nueva política agraria común (PAC) mantiene que los fondos asignados a la financiación de la PAC deben mantenerse «durante el próximo periodo de programación financiera», a partir de 2013.
El informe, elaborado por el eurodiputado británico George Lyon (ALDE), subraya la necesidad de crear políticas capaces de hacer frente a retos como el cambio climático, la seguridad y calidad alimentaria, la protección de la biodiversidad, la competitividad empresarial y los ingresos de los agricultores.
Asimismo, hace hincapié en que esta política no debe «renacionalizarse» (es decir, que se vuelva a un sistema de control nacional). Además, insiste en que «las ayudas directas deben seguir siendo íntegramente financiadas por la UE» para evitar la cofinanciación por los Estados miembros, que pueden dañar la competencia leal dentro del mercado único europeo.
El informe aprobado recoge que el principio rector de la reforma de la PAC debe ser la «distribución equitativa de los fondos entre los agricultores de la UE», con el fin de «respetar la diversidad de la agricultura». El Parlamento pide criterios más objetivos para reducir las disparidades en los pagos directos, y considera que la actual «base hectárea» es insuficiente y no consigue reducir las desigualdades entre los Estados miembros. A su vez establece que el nivel de ayudas directas debe mantenerse, para evitar consecuencias negativas para los agricultores y consumidores.
La Eurocámara insiste en que se debe compensar las exigencias de calidad, sostenibilidad, bienestar animal y legislación que se exige a los agricultores europeos. Asimismo solicita que se exijan los mismos criterios a los productos importados de terceros países respetando las normas de la OMC. Los diputados también piden mejoras en la trazabilidad para que los consumidores puedan estar bien informados.
Por otro lado, el incremento de la competitividad ayudará a los agricultores a cubrir gastos, responder a los flujos del mercado y obtener unos ingresos justos. El PE propone el fortalecimiento del papel negociador de los productores en relación a los minoristas y otros agentes dentro de la cadena de suministro de alimentos. Insiste en mejorar la transparencia de los precios.
El informe insiste en que la política debe fortalecer la calidad de los alimentos por ser crucial para mejorar la competitividad del sector. La identificación geográfica del origen del producto debe mejorarse mediante la protección y promoción de los instrumentos para que la UE pueda mantener su liderazgo en esta área.