La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha remitido una carta a la Dirección General de Consumo para solicitarle que investigue los términos y condiciones aplicados por la plataforma de compra online Alibaba/AliExpress “por considerar que algunas de sus cláusulas son problemáticas o abusivas para los consumidores y no se ajustan a derecho”.
En concreto, OCU denuncia que “el problema más grave está relacionado con el procedimiento de liquidación utilizado por la compañía en caso de una disputa entre un consumidor y un vendedor en la plataforma” y explica que “según se detalla en el artículo 10.3 del Acuerdo de servicios de transacción, AliExpress afirma que, si no se encuentra un acuerdo amistoso entre ellos, la disputa debe dirigirse a un tribunal de arbitraje de Hong Kong”.
La Organización considera que esta cláusula es “una clara violación de la legislación de la UE”, donde los consumidores tienen derecho a emprender acciones legales ante un tribunal de su propio país.
Por otro lado, OCU denuncia que, “según el contrato de Aliexpress, los consumidores no pueden devolver el producto sin justificación dentro de los 14 días siguientes a la compra, algo que es un derecho en toda la UE en el caso de las compras online. Además, tampoco consta entre sus términos una referencia clara al período de garantía mínimo de dos años, que debería comunicarse a los consumidores”.
Por último, la Organización critica que los términos y condiciones no siempre se muestren en el idioma nacional, sino solo en inglés y que en ellos “se ha incluido recientemente información legal adicional para los consumidores aún más confusa y contradictoria”.
OCU ha puesto en marcha esta acción junto a otras seis organizaciones que forman parte de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), y que han solicitado a las correspondientes autoridades nacionales que investiguen los términos y condiciones de Alibaba/AliExpress “con el fin de proteger los derechos de los consumidores”.
A este respecto, las organizaciones consideran que, si Alibaba opera en el mercado de la UE, tiene que respetar las normas de consumo de la UE y que, de no hacerlo, “depende de las autoridades nacionales intervenir y hacer que cumpla”.