Las organizaciones que están en la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) se han puesto de nuevo de acuerdo para cobrarle al sector cinco millones de euros anuales entre las campañas 19/20 y 23/24 con el fin de costear las medidas de promoción y diversos estudios sectoriales que quieren realizar. En concreto, han recaudado unos 13,6 millones de euros estas tres últimos campañas y quieren recaudar otros 25 las cinco próximas.
El acuerdo, que adoptaría la forma de una extensión de norma, se ha remitido al Ministerio de Agricultura para que dé su visto bueno y se pueda poner en marcha, según informa Unión de Uniones.
Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, más la de Cooperativas Agroalimentarias (CAE), junto con la Federación Español del Vino (FEV) se repartieron en su momento la representatividad del sector para constituir la OIVE, que fue reconocida por el Ministerio como tal en diciembre de 2014.
Entre las primeras decisiones que adoptaron, en octubre de 2015, estuvo la de aprobar una extensión de norma para las campañas 16/17 a 18/19 para establecer a todo el sector una cuota interprofesional, de 0,065 euros/hectolitro para el vino a granel y de 0,23 euros/hectolitro, para el envasado. En base a esta cuota la Interprofesional se estaría recaudando ahora unos 6-6,5 millones de euros por campaña.
La Asociación Empresarial de Vinos de España (AEVE), que hoy forma parte de la Interprofesional, se incorporó a la misma más tarde, en mayo de 2016, debiendo acreditar su posición en la rama de la transformación/comercialización, cosa que no se exigió nunca a los fundadores, señala Unión de Uniones.
Con ese dinero, lo que se conoce que haya hecho la Interprofesional en estos años es: dos campañas de promoción (“Marida mejor tu vida con vino” y “Terraceo con vino”) que se han llevado el 80% del dinero; un Código de Comunicación del Vino para lanzar un mensaje de consumo moderado y responsable; la elaboración del modelo de contrato tipo; un estudio sobre metodología de costes de producción de la uva; la difusión de boletines mensuales de análisis del mercado; un par de convenios con la Plataforma Técnológica del Vino y la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición para impulsar acciones de investigación, desarrollo e innovación y, poco más.
Una parte (en el entorno de unos 190.000 euros) habría ido también a pagar los propios gastos de la interprofesionales para la gestión de la extensión de norma.
Nueva cuota interprofesional
Agotado el período de cobro que estaba previsto en el primer acuerdo, en enero pasado las organizaciones de la Interprofesional aprobaron renovarlo para otras cinco campañas, de la 19/20 a la 23/24, aunque reduciendo el importe hasta los 0,052 euros/hectolitro para el vino a granel y a los 0,18 euros/hectolitro para el envasado. “La idea es ajustar la recaudación a los cinco millones de euros anuales, ya que en este período que ahora se acaba se ha superado sobradamente esa cantidad y, además, no se ha gastado todo el dinero, por lo que el sobrante pasará a incorporarse a este nuevo período”, señala Unión de Uniones.
Al pago de esta cuota están obligados todos los productores y almacenistas de vino o los propietarios de las existencias de vino que no sean consumidores privados o minoristas; así como cualquiera que comercialice vino que no sea de origen español en el mercado doméstico.
Nuevamente se financiarán con esta cuota interprofesional medidas de promoción y fomento del consumo responsable; actuaciones de para mejorar la información sectorial y el acceso a mercados exteriores; extender el uso del contrato-tipo mediante la información y formación a los viticultores; comprometer a los operadores a autoregularse; diseñar una estrategia sectorial; mantener la dinamización de la investigación e innovación en el sector ampliándola al ámbito del cambio climático y, claro… la parte para la propia interprofesional para gestionar todo esto. Los efectos reales que éstas medidas han tenido o tienen sobre el marcado son en todo caso muy limitados y no han servido en momentos críticos para entonar el precio que los viticultores reciben por sus uvas.
A este respecto, Unión de Uniones los está examinando para presentar las oportunas alegaciones y recuerda que “por principio, la organización considera que, aunque unas interprofesionales legitimadas y que funcionen bien son positivas, quienes han recaudado del sector ya unos 13,6 millones de euros y piensan recaudar otros 25 en los próximos años, por lo menos deberían acreditar de forma fehaciente (o sea, con la firma de los viticultores, que es lo que les exigen a otros para entrar), que realmente tienen la representación del porcentaje de la superficie que se han autoreconocido, tal y como dicen los propios Estatutos de la Interprofesional… algo que no han hecho”.