En mayo de 2017 entró en vigor el Impuesto sobre las bebidas azucaradas embotelladas de la Generalitat de Cataluña. Desde entonces, el consumo de esta clase de bebidas ha descendido un 2,2% en esta región.
De este modo, según un estudio de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC Barcelona), el mayor descenso se ha producido en los refrescos, el 13,6% en los de contenido medio de azúcar y el 3,5% en los que el contenido en azúcar es alto. En el caso de las colas, el descenso ha sido del 5,2% y en otras bebidas como tés, horchatas y bebidas vegetales, el 7,7%, en los de contenido medio de azúcar, y el 7,3%, en los zumos de contenido medio de azúcar.
El investigador Toni Mora, miembro del Instituto de Investigación en Evaluación y Políticas Públicas de la Universitat Internacional de Catalunya (IRAPP – UIC Barcelona), asegura que este descenso se debe a la entrada en vigor del impuesto, aunque insiste en que “la incidencia ha sido muy baja”.
El informe revela, además, que mientras desciende el consumo de bebidas como refrescos, aumenta la compra de otras bebidas azucaradas como los batidos, que ha subido el 5,4%. En el caso de los tés, horchatas y bebidas vegetales, el incremento ha sido aún mayor, el 9,1%, y las bebidas en las que más ha crecido el consumo son las isotónicas, el 33,3%. Según Mora, estos cambios son una respuesta a la entrada en vigor del impuesto, aunque “también puede deberse a la percepción de que este tipo de bebidas son más saludables”.
El impuesto grava todas las bebidas embotelladas que contengan edulcorantes calóricos añadidos en ocho céntimos de euro por litro para bebidas que contienen entre cinco y ocho gramos de azúcar por 100 mililitros y 12 céntimos de euro por litro para bebidas que contienen más de ocho gramos de azúcar por 100 mililitros. Las bebidas con menos de cinco gramos de azúcar por 100 mililitros están libres del impuesto. Una de las peculiaridades de este impuesto es que por primera vez establece el requerimiento de que el 100% del impuesto se debe trasladar al precio final del producto, si bien los distribuidores han sido los recaudadores y el consumidor final no ha observado el importe del impuesto en el ticket de compra.
El estudio, además, concluye que la reducción del consumo de azúcar ha sido superior para las familias con rentas más bajas, si bien la diferencia no llega al punto porcentual. Se trata de hogares con unos ingresos de hasta 18.400 euros por unidad familiar y año. Según Mora, “el estudio encuentra una gran heterogeneidad entre familias tanto en sus reacciones al impuesto, según nivel socioeconómico y edad, como por categorías de producto”.
Para los autores de la investigación, es necesario que se tomen más medidas para disminuir el consumo de este tipo de productos. En esta línea, Mora apunta que “no existe suficiente concienciación y se ha de ‘atacar’ desde varios frentes, desde la intervención en el ámbito escolar hasta gravar en mayor medida, cambiar el etiquetado frontal (si bien requiere una evaluación del etiquetaje que resultaría efectivo) e instar a la industria a reducir drásticamente el contenido de azúcar añadido, las grasas saturadas y la sal de sus productos”.