Ante la incertidumbre generada por una salida del Reino Unido sin acuerdo, la Comisión Europea ha adoptado dos propuestas legislativas para ayudar a mitigar el importante impacto que tendría el Brexit en el sector pesquero a nivel europeo.
La primera propuesta tiene por objeto permitir que los pescadores y los operadores de los Estados miembros de la UE reciban una compensación con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca por la paralización temporal de las actividades pesqueras. Esto ayudará a compensar algunas de las repercusiones del cierre repentino de las aguas británicas a los buques pesqueros de la UE en el supuesto de que no se llegue a un acuerdo.
La segunda propuesta modifica el Reglamento sobre la gestión sostenible de las flotas exteriores. El objetivo de esta propuesta es garantizar que la UE esté en condiciones de conceder a los buques británicos acceso a las aguas de la UE hasta finales de 2019, a condición de que se conceda a los buques de la UE acceso recíproco a las aguas británicas. La propuesta también prevé un procedimiento simplificado para autorizar a los buques británicos a faenar en aguas de la UE y a los buques de la UE a faenar en aguas británicas, en caso de que el Reino Unido conceda dicho acceso. La propuesta se limita a 2019 y se basa en el acuerdo alcanzado en el Consejo de Agricultura y Pesca de los días 17 y 18 de diciembre de 2018 sobre las posibilidades de pesca para el año 2019.
Estas medidas de contingencia en ningún caso podrán atenuar el impacto global de la falta de acuerdo, como tampoco reproducirán plenamente de ningún modo las ventajas de la pertenencia a la UE o las condiciones de un eventual periodo de transición, tal como prevé el Acuerdo de Retirada. Se limitan a los ámbitos específicos en los que es absolutamente necesario proteger los intereses vitales de la UE y en los que las medidas de preparación no son suficientes por sí solas. Por regla general, tendrán carácter temporal y alcance limitado y serán adoptadas unilateralmente por la UE.
Estas propuestas están supeditadas al procedimiento de codecisión. La Comisión trabajará con el Parlamento Europeo y el Consejo para garantizar la adopción de los actos legislativos propuestos de forma que entren en vigor el 29 de marzo de 2019, a más tardar.