El juzgado número cinco de la Audiencia Nacional ha decretado la apertura de un juicio oral a Pescanova a la que exige 348,2 millones de euros para responder a posibles multas contra la compañía, así como 602,9 millones de euros para garantizar la responsabilidad civil de sus antiguos administradores.
La compañía asegura que va a presentar un recurso contra este auto, “puesto que una eventual ejecución en el patrimonio de la sociedad por estos importes podría provocar una situación de insolvencia temporal de PVA, con gravísimo e injustificado perjuicio de nuestros 9.000 accionistas, quienes perderían de esta manera todo el patrimonio invertido en el capital de nuestra sociedad”.
En opinión de los asesores legales de la sociedad, “la potencial sanción económica así como cualquier posible responsabilidad civil resultante de una hipotética sentencia condenatoria definitiva que afectase a Pescanova estarían afectadas por las consecuencias del proceso concursal en el que estuvo incurso nuestra compañía, con las quitas correspondientes y estarían sometidos a los acuerdos de fusión y segregación aprobados por la Junta General de PVA en septiembre de 2016”.
En dichos acuerdos de fusión y segregación también quedó previsto que Nueva Pescanova (NPVA) se ha de hacer cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria.