Las organizaciones Asaja, Coag, Upa, Anprogapor y Cooperativas Agro-alimentarias de España, que representan a más del 90% de la producción porcina, han presentado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente un conjunto de alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre la clasificación de las canales de porcino.
El objetivo es dotar de mayor transparencia a la transacción comercial entre ganaderos e industria, “asegurando que un kilogramo son 1000 gramos” y que la clasificación de las canales (extra, primera, segunda, tercera) se adecue a la realidad teniendo en cuenta la importancia de las mejoras genéticas realizadas, tal y como han destacado estas entidades.
Entre las medidas incluidas se encuentran que todo el equipo de pesaje, clasificación e informática cumpla con lo establecido en la Ley 32/2014 de metrología para asegurar un mantenimiento y unas mediciones correctas. También consideran importante que la industria, obligada a clasificar, pero eximida de realizar el marcado individual, realice un registro diario que incluya de cada lote el peso y la clasificación de cada una de las canales que lo conforman.
Además, se ha solicitado una mayor transparencia en la comunicación de los resultados a los ganaderos, obligando a enviarles los resultados del pesaje y clasificación sin necesidad de que exista una solicitud expresa. Esta medida, señalan, “es especialmente importante no sólo por su aportación a la transparencia comercial, sino también por la gran utilidad que estos resultados tienen en la mejora productiva y genética de la cabaña. Sin lugar a duda, un sistema informático que recoja y analice esta información podría convertirse en una herramienta “big data” de gran utilidad para seguir manteniendo nuestro liderazgo en el mercado del porcino a nivel mundial”.
Respecto a los controles oficiales, las organizaciones han solicitado que sea la Mesa de Coordinación, en la que participa la Administración General del Estado, las CCAA y el sector, la que establezca los requisitos, frecuencia y número mínimo de controles que permitan una aplicación homogénea mínima en todo el Estado, sin que ello suponga que las CCAA en el ejercicio de su autonomía y competencia puedan reforzarlos complementariamente. Con el objetivo de realizar un seguimiento y en pro de la transparencia se ha solicitado incluir la obligación del Ministerio de presentar puntualmente informes sobre los controles realizados por las autoridades competentes, una información fundamental de la que se adolece en estos momentos.
Las organizaciones entienden que “estas propuestas son coherentes, equilibradas, justificadas y fácilmente aplicables”, y esperan que el Ministerio las incluya y “no pierda la oportunidad de dotar al sector porcino de una herramienta de información fundamental para su futuro y de dar transparencia a un proceso que hoy en día sigue en entredicho”.
