Las tres Comunidades Autónomas de la Denominación de Origen Calificada Rioja, La Rioja, Navarra y País Vasco, han manifestado su apoyo a la solicitud que el sector vitivinícola riojano ha venido haciendo respecto a la Corporación de Derecho Público y a la necesidad de dar la necesaria cobertura legal al Reglamento y al Consejo Regulador.
La situación jurídica del Consejo Regulador y la adecuación de su Reglamento podría solucionarse a corto plazo al despejarse el camino hacia la consecución de la Corporación de Derecho Público para la entidad, tal como se ha puesto de manifiesto hoy en la reunión del Consejo Regulador.
José Luis Anda Fernández, representante en el Pleno del Gobierno Vasco y viceconsejero de Agricultura, ha asegurado que el nuevo ejecutivo de Vitoria apoyará las decisiones que adopte el sector vitivinícola riojano, marcando así un cambio de actitud que sitúa en el buen camino las negociaciones con el MARM.
De igual manera, han corroborado su apoyo a las decisiones del sector los representantes en el Pleno del Gobierno de Navarra, Emilio Gurrea, y del Gobierno de La Rioja, Pedro Sáenz Rojo, algo que ya habían venido manifestado explícitamente en anteriores ocasiones.
Por otra parte, el presidente del Consejo, Víctor Pascual Artacho, ha informado al Pleno de la positiva actitud mostrada por la nueva directora general de Industrias y Mercados Alimentarios, Isabel Bombal, en las reuniones que han mantenido en los últimos días, dándose ya los primeros pasos por parte del equipo jurídico del Ministerio para buscar el encaje legal adecuado para la conversión del Consejo Regulador en Corporación de Derecho Público.
El Consejo Regulador considera estos posicionamientos “fundamentales para que en un plazo lo más breve posible puedan atenderse los planteamientos que Rioja ha venido realizando desde la promulgación de la Ley de la Viña y el Vino de 2003 y se solucionen definitivamente los problemas de inseguridad jurídica que ha acarreado la actual situación”.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado por una amplia mayoría el presupuesto que aportan las bodegas y viticultores, manteniéndose el mismo que han realizado en 2009 que se sitúa en torno a los 10 millones de euros. “Es precisamente en estos tiempos de crisis económica y caída del consumo cuando mayor debe ser el esfuerzo a realizar para mantener el posicionamiento alcanzado y estar en la mejor situación posible una vez superada la coyuntura de la crisis”, aseguran fuentes del Consejo.