El Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas normas europeas para una mejor protección de los consumidores contra estafas en el comercio electrónico, así como para lograr una detección más rápida de profesionales deshonestos.
De este modo, a partir de ahora las autoridades nacionales competentes tendrán más poder para detectar y detener la violación de las leyes de derechos de los consumidores en comercio electrónico y podrán coordinar sus acciones en toda la UE de una forma más eficiente gracias a la revisión del reglamento sobre cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC).
Según la Eurocámara, el 37% de las web dedicadas al comercio electrónico no cumplían en 2014 las normas de la UE sobre consumidores. Por ello, los cambios buscan acabar con los vacíos legales existentes que se agravan debido a las diferencias entre países.
Sus competencias deberán incluir, entre otras, pedir información a los registradores de dominios y bancos para identificar a profesionales deshonestos, hacer compras de prueba de bienes y servicios, incluida la actuación como “comprador misterioso”, imponer la exposición de una advertencia explícita en una web o eliminar contenido digital, o restringir el acceso a determinadas páginas o aplicaciones, a falta de otra forma efectiva para detener una práctica ilegal, aplicar sanciones, incluidas multas e informar a los consumidores sobre cómo solicitar una compensación.
La Comisión Europea coordinará las acciones en casos en los que una infracción haya ocasionado o exista el riesgo de que genere un perjuicio a los intereses colectivos de los consumidores en al menos dos tercios de los Estados miembros, representando al menos dos tercios de la población europea.
Una de las demandas cruciales del Parlamento durante las negociaciones con el Consejo fue incrementar el papel de las organizaciones de consumidores. A este respecto, la nueva normativa establece que podrán encargarse de alertar a las autoridades ante la sospecha de infracciones.
Olga Sehnalová (S&D, República Checa), responsable de la tramitación parlamentaria del proyecto legislativo, indicó durante su ponencia que “las nuevas normas fortalecerán y mejorarán la cooperación entre todos los actores implicados en la protección del consumidor, para verificar si se cumplen las normas y hacer frente a las infracciones transfronterizas. La cooperación entre las autoridades nacionales, la Comisión y las organizaciones crea un mecanismo eficiente para combatir las prácticas de profesionales deshonestos tanto en línea como en el comercio tradicional, reforzando los derechos de los consumidores”.
El texto legislativo, aprobado por el Parlamento por 591 votos a favor, 80 en contra y 15 abstenciones, todavía debe ser formalmente adoptado por el Consejo. La nueva normativa será aplicable 24 meses después de la fecha de entrada en vigor.
El Parlamento Europeo ha señalado algunos ejemplos de prácticas a las que la nueva normativa permitirá hacer frente con mejores herramientas como son: una promoción de corta duración ofertada en varios países por una aerolínea, que posteriormente canceló los descuentos; una suscripción a largo plazo escondida tras una oferta para conseguir un teléfono móvil por un euro; un vendedor en internet que no proveía los muebles que ofrecía, y que cambió de domicilio cuatro veces en tres años; o quejas sobre precios de alquiler de coches por la discriminación de los consumidores basada en el país de origen.