La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a cabo inspecciones en las distintas entidades que operan en este el mercado español de la acuicultura para investigar “posibles prácticas anticompetitivas”.
El motivo de estas inspecciones es la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, como posibles acuerdos de fijación de precios y/o reparto de mercado, así como posibles intercambios de información comercial sensible sobre precios, cantidades y/o condiciones comerciales.
Los inspectores de las autoridades de competencia autonómicas pertenecientes a localidades donde tienen su sede estas entidades participaron junto a los de la CNMC en las investigaciones. Las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades.
En caso de que como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador.
Los acuerdos entre competidores se consideran una infracción muy grave de la ley de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello cuenta, entre otros, con el “Programa de Clemencia” que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten su detección.