Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha declarado que “no puedo aceptar que en algunas partes de Europa se venda a los consumidores alimentos de menor calidad que en otros países, a pesar de que los envases y marcas sean idénticos. Ahora debemos dotar a las autoridades nacionales de más competencias para eliminar las prácticas ilegales cuando existan”.
En este sentido, Vera Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha afirmado que “presentar dos productos distintos en el mismo envase es engañoso y desleal para con los consumidores. Este asunto es un claro ejemplo de que podemos resolver problemas transfronterizos solo cuando colaboramos a escala de la UE. Durante demasiado tiempo, los Estados miembros por sí solos no han sabido encontrar la manera adecuada de solventar este problema. Estoy decidida a poner fin a esta práctica, prohibida en virtud del Derecho de la UE, y a velar por que todos los consumidores reciban un trato idéntico”.
Por ello, la Comisión Europea ha publicado un conjunto de directrices sobre la aplicación de la legislación de la UE en materia de consumo y alimentación para ayudar a las autoridades nacionales a determinar si una empresa está incumpliendo el Derecho de la UE al vender productos de calidad dual en diferentes países.
Las directrices enumeran y explican los requisitos pertinentes de la legislación de la UE en materia de alimentación y consumo a los que las autoridades deben remitirse al analizar un posible problema de dualidad en la calidad de los productos:
El Reglamento sobre información alimentaria, que obliga a que los consumidores reciban una información veraz y suficiente sobre un determinado producto alimenticio. Por ejemplo, en las etiquetas de los alimentos debe figurar la lista de todos los ingredientes que contenga un producto.
La Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, que prohíbe este tipo de prácticas, tales como la comercialización de productos de idéntica marca de manera que pueda inducir a error a los consumidores.
Sobre la base de esta legislación, las directrices establecen un planteamiento gradual para que las autoridades nacionales competentes en materia de consumo y alimentación determinen si los productores infringen esas disposiciones. En caso de que una infracción tenga una dimensión transfronteriza, las autoridades competentes en materia de consumo pueden atajarla a través de la red de Cooperación para la Protección del Consumidor a escala europea.
Las autoridades nacionales competentes en materia de consumo y alimentación son responsables de velar por que las empresas cumplan el Derecho de la UE. No obstante, la Comisión Europea se ha comprometido a ayudarlas mediante estas directrices y diferentes líneas de trabajo.