Desde la creación, en 2014, de la Agencia de Información y control Alimentarios (AICA) se han llevado a cabo un total de 686 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena por valor de 8,2 millones de euros, según revela el informe sobre su actividad inspectora y de control del primer semestre de 2017, que ha sido presentado al Consejo Asesor de la Agencia.
A este respecto, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha incidido en que, en sus primeros tres años de actividad, AICA se ha convertido en un referente de control y en una herramienta útil al servicio de todos los operadores del sector agroalimentario.
Ajustado completamente a la legislación vigente, y acorde al principio de flexibilidad, para este borrador del IV Plan de Control, presentado el viernes, se establece un periodo de ocho días para recibir sugerencias por parte de los miembros del Consejo Asesor.
El IV Plan de Control contempla tres líneas de trabajo: en materias relacionadas con el régimen de contratación y prácticas comerciales abusivas, las relativas a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y las de coordinación con otras Administraciones Públicas que, a su vez, se distribuyen en tres programas sobre declaraciones obligatorias del sector vitivinícola de la campaña 2017/2018, Contratación y Declaraciones obligatorias en el Sector Lácteo y de colaboración con la Dirección General de la Industria Alimentaria en los sectores del aceite de oliva, leche líquida envasada y carne de pollo.
Asimismo, durante su presentación se ha planteado también el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre determinadas funciones de AICA. A este respecto, el secretario general ha destacado que AICA ha adecuado sus funciones a la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que significa que la Agencia va seguir haciendo las inspecciones, por denuncia y de oficio, en la Ley de cadena alimentaria, y que las CCAA pueden también investigar y sancionar incumplimientos de la ley de la cadena, cada uno en su ámbito de competencia.
También ha insistido en que AICA ha actuado siempre de acuerdo con la potestad sancionadora que le da la ley de la cadena (art 26.1) y que los expedientes sancionadores tramitados hasta ahora siguen teniendo validez, al igual que las multas impuestas.
En cuanto a los sistemas de información de mercados, AICA continúa gestionando y manteniendo los sistemas de información, seguimiento y análisis de los mercados oleícolas, lácteos y vitivinícolas y todos los operadores siguen teniendo la obligación de hacer sus declaraciones. Sin embargo, a partir de ahora corresponderá a las Comunidades Autónomas hacer las inspecciones a los operadores del sector oleícola para comprobar la veracidad de los datos que suministran al sistema de información de mercados.
