La Comisión Europea ha prorrogado un año más, hasta el final de junio de 2018, las medidas excepcionales que ya están establecidas para prestar ayuda a los productores de frutas perecederas afectados por la prohibición de las importaciones decretada por las autoridades rusas.
La Comisión introdujo estas medidas por primera vez en razón de la prohibición rusa de las importaciones impuesta en agosto de 2014. El régimen prorrogado dispone de unos recursos de hasta 70 millones de euros para los fruticultores europeos y ofrece una red de seguridad a aquellos productores que puedan no encontrar una salida en el mercado para sus productos como consecuencia de dicha prohibición.
De este modo, permitirá compensar a los fruticultores europeos que opten, por ejemplo, por distribuir su excedente de producción a determinadas organizaciones (de carácter benéfico, escuelas) o darle otra finalidad (alimentación animal, compostaje, transformación).
En palabras de Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, “la Comisión ha hecho cuanto está a su alcance para apoyar a los productores europeos que se han visto perjudicados por la prohibición rusa. Con esta nueva prórroga reitera su firme y resuelto compromiso con nuestros agricultores. Estas medidas de apoyo van a la par de la labor que se está llevando a cabo para modernizar y simplificar la PAC en beneficio de nuestros agricultores y de la sociedad europea en su conjunto”.
Este régimen prorrogado se suma a toda una serie de medidas excepcionales de apoyo al mercado agrícola relacionadas con la prohibición rusa. La supervisión y evaluación del mercado que realiza periódicamente la Comisión pone de manifiesto que estas medidas han mejorado la situación de mercado en lo que concierne a los cultivos que no son permanentes (como es el caso de las hortalizas).
La mayor parte de la producción afectada por la prohibición rusa de las importaciones se ha reorientado a mercados alternativos y los precios de mercado se han estabilizado. Sin embargo, dado que los llamados cultivos permanentes (árboles frutales) tienen menos posibilidades de adaptación a los cambios, las nuevas medidas están específicamente diseñadas para ayudar a este sector.
En el marco de las medidas excepcionales, los productores individuales se benefician de unos porcentajes de cofinanciación de la UE superiores a los de las medidas de apoyo ordinarias. Los agricultores perciben una ayuda financiada al 100% por la UE en el caso de las retiradas que se destinan a lo que se conoce como distribución gratuita (los productos se entregan a organizaciones benéficas), lo que evita el despilfarro de alimentos.
Las frutas que se retiran del mercado, pero que propiamente no se consumen (porque, por ejemplo, se destinan directamente al compostaje), o que se cosechan antes de estar maduras (la llamada “cosecha en verde”) o incluso no se cosechan, reciben una ayuda de nivel inferior.
El régimen incluye una cantidad máxima de 165.835 toneladas de fruta, distribuidas entre cuatro tipos distintos de árboles frutales: manzanas y peras, ciruelas, cítricos y melocotones y nectarinas. Se asignarán diferentes volúmenes de retiradas a los doce Estados miembros a los que se aplican las medidas, para garantizar que la ayuda financiera llegue a los productores que más lo puedan necesitar.
Además de estas medidas excepcionales prorrogadas, los productores europeos de frutas y hortalizas seguirán beneficiándose de otras medidas en el marco de la política agrícola común de la UE, tales como los pagos directos, la financiación destinada al desarrollo rural y la ayuda financiera para las organizaciones de productores, todo lo cual asciende a unos 700 millones de euros al año.
