En 2013, la Comunidad de Madrid actuó en 58 alertas alimentarias, de las cuales, un tercio correspondieron a la presencia de sustancias no declaradas en el etiquetado de los productos.
Además, se decomisaron más de cuatro toneladas de alimentos por un etiquetado incorrecto, lo que representaba un peligro potencial para los consumidores alérgicos.
Para evitar que se produzcan estas alertas, la Comunidad de Madrid está llevando a cabo diversas actuaciones para minimizar el riesgo de reacciones alérgicas por alimentos.
Una de estas medidas es garantizar que el etiquetado de los alimentos declare la presencia de alérgenos. Para ello, desde la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se facilitan guías para que las empresas verifiquen que sus productos están controlados y etiquetados adecuadamente.
Estas medidas se comprueban a través de las inspecciones que se llevan a cabo sin previo aviso en toda la cadena de alimentación. En 2013, se realizaron 10.000 inspecciones, y son ya 5.155 las realizadas en lo que va de año.
Una de las herramientas que utiliza la Comunidad para llevar a cabo estas inspecciones es el laboratorio de AENOR, con el que ha firmado un convenio que ya dura seis años. En 2013, este organismo realizó 102 análisis específicos para la detección de alérgenos en productos remitidos por la Asociación Madrileña de Alergias Alimentarias, aunque para 2014 se esperan aproximadamente 150 ensayos. Desde el inicio de su colaboración, se han desarrollado más de 600 análisis.
Avelino Brito, director general de AENOR, asegura que “son un brazo técnico a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar la seguridad alimentaria”.
Cuando se detecta un alérgeno no especificado en el etiquetado, la Consejería de Sanidad emite una alerta para paralizar la comercialización de ese producto y realiza una inspección para determinar el origen del alérgeno, así como la responsabilidad de alguno de los participantes en el procesado o manipulado del alimento.
En este caso, la Comunidad incoará un expediente sancionador a la empresa responsable del productos. Expediente que puede concluir con la suspensión de la actividad. En los primeros meses de 2014, se han cursado tres propuestas de sanción por este motivo.