El 93% de los consumidores piden que se hagan públicas las sanciones por fraude alimentario, según los resultados de un estudio de Ceaccu. El 88% considera que los fraudes que se producen no transcienden o permanecen ocultos. Solo uno de cada diez piensa que sí se recibe información suficiente.
En la actualidad, las sanciones por fraude no son públicas. Es decir, cuando se demuestra que se ha producido un fraude alimentario y se impone una sanción, este hecho, así como la identidad del infractor permanecen en secreto. Desde hace décadas, Ceaccu viene exigiendo la publicidad de las sanciones en materia alimentaria, y así lo ha reclamado en los distintos trámites normativos en los que este asunto se ha regulado (el más reciente, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición).
Preguntados por quién, en general, proporciona información más fiable sobre fraudes alimentarios, el 64% señala a las asociaciones de consumidores como fuente más creíble, seguido de los medios de comunicación (19%). Menos creíble sería para las encuestados la información de las Administraciones (sólo un 17% confía en ellas). Las empresas, por su parte, no son en absoluto fiables para los consumidores consultados (0%).
En cuanto a la utilidad de la información, se considera que la información más práctica es la que facilitan las asociaciones de consumidores.
Preguntados por la causa principal de las carencias en la información sobre fraudes alimentarios, los consumidores señalan mayoritariamente el peso que tienen los intereses empresariales frente al derecho a la información de los consumidores: Así lo manifiesta nada menos que el 85%.
Se trata de una percepción del todo justificada, a juicio de Ceaccu, teniendo en cuenta proyectos normativos recientes como la Ley de Cadena Alimentaria que prevé restricciones muy graves para la difusión de análisis comparativos por parte de las asociaciones de consumidores.