El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas ha destacado el auge del sector hortofrutícola español que, con una producción de 24,2 millones de toneladas, de las que el 53% son hortalizas, “sitúa a España como segundo país productor de la UE de frutas y hortalizas, prácticamente empatado con Italia, y como sexto productor mundial”.
Cabanas ha repasado los principales datos del sector en la clausura de la Asamblea general de Prexport, que se ha celebrado en Murcia. Allí ha valorado también la vocación internacional del sector hortofrutícola, que queda patente en sus resultados, ya que el 46% de la producción se destina a la exportación, “lo que coloca a España como primer exportador comunitario y tercer exportador mundial”.
Unas exportaciones, ha añadido el secretario general, que el pasado año alcanzaron los 12,6 millones de toneladas, con un valor de 11.700 millones de euros.
También ha anunciado Cabanas que se está trabajando en un Real Decreto que modificará las condiciones de reconocimiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, “con motivo de los nuevos requisitos introducidos por la normativa comunitaria en mayo de este año”.
Para ello ha explicado que está casi concluido un primer borrador que será presentado ante las Comunidades Autónomas y el sector la segunda semana de junio, “con objeto de que pueda tramitarse lo más rápido posible, dado que los requisitos nuevos que introduce referentes a los cambios introducidos por la normativa comunitaria entran en vigor el 1 de enero de 2015”.
Otra de las iniciativas del Ministerio planteada por el secretario general, ha sido la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, basada en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena.
Sobre esta Ley, Cabanas ha expuesto sus objetivos y principales novedades. Así, ha explicado que, tal y como aparece reflejado en su título, pretende mejorar el funcionamiento y la vertebración de toda la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario. También tiene como finalidad reducir el desequilibrio entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio, no solo del sector, sino también de los consumidores.
En cuanto a las novedades, ha apuntado que en el aspecto de la regulación, y en relación con el régimen de contratación, la novedad más significativa es el establecimiento de la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena, “para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, que serán formalizados antes del inicio de las prestaciones”.