Hasta el 2020, la nueva Política Agrícola Común (PAC) va a invertir casi 45.000 millones de euros en la agricultura y las zonas rurales de España. Se han definido prioridades políticas clave al nivel europeo, como: empleo, sostenibilidad, modernización, innovación y calidad. Paralelamente se da flexibilidad a España para que adapte tanto las ayudas directas como los programas de desarrollo rural a sus necesidades específicas.
La PAC es la respuesta europea a la necesidad de garantizar un nivel de vida digno a 12 millones de agricultores y la estabilidad, variedad y seguridad del abastecimiento alimentario a sus 500 millones de ciudadanos. Refuerza la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura de la UE, al proporcionar pagos directos y medidas de mercado a los agricultores y financiar programas para el desarrollo de las zonas rurales de la UE.
“Las nuevas ayudas directas deben distribuirse de una manera más justa entre los Estados miembros, las regiones y los agricultores, poniendo fin a las ‘referencias históricas’”, aseguran fuentes de la Comisión Europea.
Así, España se beneficiará de la convergencia de las ayudas directas entre los Estados miembros, con un importe total de 34.600 millones de euros para el período 2014-2020.
Solo los agricultores actualmente en activo se beneficiarán de los regímenes de apoyo a la renta y se anima encarecidamente a los agricultores jóvenes a crear empresas, con la introducción de un nuevo suplemento de ayuda del 25 % durante los primeros cinco años, además de las medidas ya vigentes.
Los agricultores españoles adoptarán medidas simples, constatadas para promover la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático con el apoyo de la PAC. El 30% de las ayudas directas estará vinculado a tres prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente: la diversificación de cultivos, el mantenimiento de los pastos permanentes y la conservación de un 5% de superficies de interés ecológico o medidas que se considere tengan, al menos, unos beneficios ambientales equivalentes.
Para mejorar el equilibrio de la cadena de suministro de alimentos en España, se dedicarán nuevos instrumentos a los agricultores, que les permitan organizarse mejor y comercializar mejor sus productos. Se reforzarán las organizaciones profesionales e interprofesionales.
La UE ha asignado unos 8.300 millones de euros a la política de desarrollo rural en España. Las prioridades de desarrollo rural de la UE se lograrán a través de 18 programas de desarrollo rural (un programa nacional y 17 programas regionales programas, uno por cada Comunidad Autónoma española).