El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una nueva legislación que permitirá a la UE costear campañas de promoción de los productos agroalimentarios europeos, tanto dentro como fuera de la Unión.
El vino será uno de los productos que contará con ayudas europeas para su promoción. La nueva norma también financiará campañas para restablecer la confianza de los consumidores en situaciones de crisis como la acontecida en 2011 con el brote de E. coli.
La eurodiputada española Esther Herranz (PPE) ha liderado las negociaciones con el Consejo, en las que el Parlamento ha logrado su objetivo de extender al vino la lista de productos promocionables.
La norma, que ha sido aprobada por 557 votos a favor, 103 en contra y 12 abstenciones, financiará las actividades de promoción de los vinos con denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP), siempre que las campañas estén patrocinadas por organizaciones de varios Estados miembros. Las campañas diseñadas por organizaciones de un solo país solo podrán recibir fondos si el vino aparece vinculado a otros productos elegibles (por ejemplo, un queso).
El PE también ha conseguido ampliar la lista de productos promocionables a la cerveza, el chocolate, el pan y la pastelería, la pasta, la sal y el maíz dulce. Los productos de la pesca y la acuicultura también podrán optar a las ayudas si se vinculan a otros productos elegibles.
Además, se financiarán las campañas de promoción tanto dentro de la UE como en el exterior, que se centrarán en aspectos como la seguridad alimentaria, el bienestar animal, la trazabilidad y los altos estándares de calidad que deben cumplir los productores comunitarios.
A propuesta del Parlamento, la Comisión Europea promoverá campañas para recuperar la confianza de los consumidores en caso de crisis como el brote de E. coli en 2011, que ocasionó graves pérdidas al sector agrícola español, sobre todo a los productores de pepino.
Las campañas de información y promoción estarán financiadas con fondos de la Unión Europea y de la organización productora responsable, de modo que se excluye la contribución de los Estados miembros. Para hacer frente a una posible falta de recursos por parte de los productores, el acuerdo incrementa el porcentaje de financiación de la UE, que pasará del 50%-60% propuesto por la CE al 70%-80%.
En caso de disfunciones graves en el mercado o una pérdida de confianza de los consumidores, la tasa de financiación de la UE podrá ascender hasta el 85% y podrá llegar incluso hasta el 90% si la organización responsable procede de un Estado miembro con dificultades financieras.