Las primeras reacciones del sector al Anteproyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria estudiado en el Consejo de Ministros del pasado viernes apuntan al optimismo en la industria y abren expectativas en la distribución.
La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), a falta de analizar el texto en detalle, acoge de forma positiva el Anteproyecto de Ley y considera que la nueva ley permitirá crear valor y seguridad jurídica en el sector, al tiempo que beneficiará al consumidor.
Por su parte, según Aurelio del Pino, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), el Anteproyecto de Ley “necesariamente tendrá que ser objeto de cambios y mejoras. Consideramos que esta es una primera propuesta que tiene que ser sometida a todos los agentes implicados, ya que hasta ahora no hemos podido proponer una orientación alternativa”, señaló Del Pino.
“No obstante -añadió el director general de ACES-, entendemos que son las reglas de funcionamiento del mercado las que pueden conseguir la mejor asignación de recursos y que cualquier intervención en la libertad de los agentes económicos, debe ser muy justificada, proporcionada y no discriminatoria. La salida a la actual crisis económica tiene que basarse en la mejora de la eficiencia y la productividad; los costes administrativos se ha demostrado que son un lastre para los agentes económicos. Si bien es deseable que exista un marco de seguridad jurídica en la negociación, la ‘burocratización’ de las relaciones mercantiles puede restar competitividad a muchos operadores, incluidas las cooperativas y las Pymes agroalimentarias”.
Para Horacio González Alemán, director general de FIAB, “urge la necesidad de contar con un marco transparente, del que a nuestro juicio la cadena alimentaria carece actualmente, y al mismo tiempo la puesta en marcha de un sistema eficaz para dirimir cualquier conflicto, similar al modelo británico, con una Administración que tenga capacidad de acción”.
En el origen de esta nueva ley está el reconocimiento por parte de las instituciones europeas de una realidad de prácticas abusivas y anticompetitivas que actualmente distorsionan el funcionamiento eficiente de la cadena alimentaria y no sólo ponen en peligro su sostenibilidad económica, sino que son perjudiciales tanto como para los operadores como para el consumidor.
